Este miércoles, 12 de octubre, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su personalidad jurídica a 49 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) más. La cifra de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro ilegalizadas por el régimen se eleva a 2,287 desde diciembre de 2018 a la fecha.
Mediante acuerdo ministerial 09-2022-OSFL, publicado en La Gaceta No. 191, el Ministerio de Gobernación (Migob) oficializó la cancelación de las ONG por haber «incumplido sus obligaciones conforme ley; ya que no reportaron por períodos de entre 7 hasta 32 años sus juntas directivas, estados financieros, conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes».
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Las entidades también son señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Estas normativas las emplea el régimen de Nicaragua para aniquilar a las organizaciones, pese a que la mayoría alega cumplimiento de la legislación y presentación continua sobre sus operaciones.
En la resolución el Migob también indica que «lo referido a la liquidación de los bienes y activos de los 49 organismos antes referidos, en lo que corresponda, se aplicará lo establecido en la Ley 1115».
Entre las ONG canceladas por el Migob resalta la Fundación Nacional Pro Niños ciegos (FUNAPRONIC). En la lista también figuran entidades cristianas como la Asociación Servicio Pastoral Josefina, Asociación Movimiento Misionero Pentecostal Nacional e Internacional “ELIM” (MMPNIE), Asociación Ministerio Cristiano (EMAUS), Asociación Misión Evangélica Fuentes de Agua Viva (AMEFAV) y Fundación Cristiana para el Desarrollo Social (FUCRIPADES).
La dictadura también eliminó a asociaciones agropecuarias como Asociación Integral de Pequeños Productores Agropecuarios del Paso Real de Panaloya (El Amparo), Asociación de Desarrollo Agro Industrial de Chontales (DAGRO) y Asociación Pecuaria de Managua (ASOPEMA).
Asimismo, en la nueva lista de canceladas resaltan organizaciones ambientales, de educación, de desarrollo comunitario y económico.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
