A través del conversatorio “Nueva Ley de ONG’s en Nicaragua”, realizada por la Red Centroamericana por la prevención del lavado de activos (RedActivos), especialistas nicaragüenses analizaron cómo la implementación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (Ley 1115) violenta una serie de derechos a las mismas organizaciones y la ciudadanía en general.
Los expertos señalaron que más que disminuir los riesgos de lavado de dinero en el país, lo que el régimen de Daniel Ortega busca es aplastar la democracia, libertad de expresión y el derecho a la organización, entre otros.
La Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó el 31 de marzo la Ley 1115 que regula y controla a las organizaciones no gubernamentales (ONG). En los últimos cuatro años, más de cien han sido ilegalizadas por el régimen orteguista.
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Uriel Pineda, abogado especialista en Derechos Humanos, consideró que el objetivo principal del régimen “no es solo silenciar sino coaptar cualquier espacio de organización”, es decir, “hay una visión corporativista, en virtud de la cual la participación ciudadana o la organización social tienen que estar dentro de los controles establecidos”.
En tanto el ambientalista y director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, señaló que apenas ocho de los 57 artículos de la ley establecen algún nivel de referencia al tema de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas.
“Mas que una ley que permita disminuir el riesgo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas lo que se ha convertido es en una espada de Damocles en contra de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua”, dijo Ruiz.
Organismos mantienen mecanismos de prevención ante lavado de dinero
Ruiz recordó que las organizaciones han desarrollado mecanismos de prevención de lavado de activos que tienen que ver con la rendición de cuentas hacia los donantes (organismos internacionales reconocidos que dan recursos legítimos); a su gobernanza interna (directivas); a las instituciones financieras como los bancos en las que manejan sus recursos; a sus beneficiarios, es decir la población que atienden; y hacia las instituciones públicas como el Ministerio de Gobernación, Dirección General de Ingresos y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
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Por su parte, el economista y analista, Enrique Sáenz, expuso que las autoridades utilizan esta nueva normativa “para aplastar el derecho de organización y después para aparentar que están previniendo el lavado de dinero cuando en realidad el verdadero lavado de dinero en cifras cuantiosas, señalado internacionalmente, está cubierto por las instituciones del Estado”.
Sáenz lamentó que el gran perdedor de toda esta situación (cancelación de organizaciones) es la población nicaragüense, que deja de percibir los servicios y la atención que le brindaban las ONG, lo que en gran medida mejoraba sus condiciones de vida en temas como salud, educación, protección social, entre otros.
