El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada al país a la abogada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred Cunningham, quien desde julio se disponía a regresar a territorio nicaragüense.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que «las autoridades migratorias de Nicaragua negaron la entrada a su propio país a Anexa Alfred Cunningham, miskita y de nacionalidad nicaragüense. Este gravísimo hecho se produjo cuando esta se disponía a regresar a su hogar tras participar en Ginebra en una sesión del Grupo de Personas Expertas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, del cual forma parte desde el año pasado».
«De manera absolutamente ilegal y arbitraria, a la defensora se le impidió abordar su vuelo de regreso a Nicaragua, donde reside y donde la estaba esperando su familia, incluyendo hijos menores de edad que están bajo su cuidado, quedando de facto en situación de destierro», señaló la entidad.
Noticia relacionada: Estos son los nicaragüenses desterrados por el régimen Ortega-Murillo en lo que va de 2022
Agregó, que esta acción de Ortega «no tiene otro objetivo que represaliar a Anexa Alfred Cunningham por su trabajo en favor de los derechos del pueblo miskito».
Asimismo, la organización mesoamericana detalló que al menos 16 defensoras han sido desterradas de Nicaragua desde el estallido social en abril 2018.
«Estas agresiones tienen un efecto «ejemplarizante» orientado a alimentar el régimen de terror que viven las defensoras nicaragüenses, muchas de las cuales han manifestado tener miedo a ser desterradas cada vez que salen de Nicaragua, así como una sensación de incertidumbre constante y el temor a que en cualquier momento pueden ser expulsadas del país, lo que genera desmovilización, inhibición y silenciamiento», subrayó.
En los últimos meses, la dictadura de Ortega-Murillo ha intensificado el «destierro de facto», que implica «una vulneración absoluta de los derechos fundamentales» de las y los nicaragüenses, así como graves y profundas afectaciones sobre sus vidas y las de sus familias.
Al negar a la defensora Anexa Alfred Cunningham entrar al país, la administración orteguista viola flagrante el Artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que «los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país».
IM-Defensoras también le recordó a Ortega-Murillo que «infringe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su Artículo 22, numeral 5, establece que «nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo».
Los desterrados por la dictadura
La escalada represiva de la dictadura de Ortega-Murillo no se detiene y ha ordenado negar el ingreso a Nicaragua a alrededor de siete ciudadanos en lo que va de 2022. El caso de Anexa Alfred Cunningham se suma a lista de nicaragüenses a los que el régimen ha impedido el ingreso a su país.
El pasado martes, 27 de septiembre, el régimen impidió que ingresara a Nicaragua el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, quien se encontraba en Argentina en una actividad académica.
Este destierro táctico de la dictadura Ortega-Murillo se suma al impuesto en julio pasado al ahora exrector de la UCA, el padre jesuita José Alberto Idiáquez, quien ni siquiera estuvo presente en el traspaso de rectoría al padre Rolando Alvarado López, el pasado 1 de junio, debido a que el régimen le negó la entrada al país.
Esta medida también ha sido impuesta a religiosos. El mismo martes también se conoció que el régimen le negó la entrada al país al padre Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía de Boaco.
Además, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el retorno al país al abogado Francisco Omar Gutiérrez, defensor privado de monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco.
También negó el ingreso a Nicaragua al padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas; y a la socióloga, activista y feminista María Teresa Blandón.
