La situación de Nicaragua será nuevamente uno de los temas principales en la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se realizará esta semana, del cinco al siete de octubre, en Lima, Perú.
Un grupo de embajadores permanentes de los países del continente propuso el proyecto de resolución «La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua», donde expresan su «profunda preocupación» por la grave situación del país centroamericano que es sojuzgado con mano de hierro por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución será el punto número 20 del temario de la Asamblea General que reunirá a 33 cancilleres de América. En el documento, de siete puntos, se exhorta a los Estados miembros de la región a implementar una «estrategia» sobre los factores que contribuyen al desplazamiento de las personas nicaragüenses y su necesidad de protección, incluyendo el otorgamiento de asilo y otras medidas de protección, todo basado en un enfoque integral de derechos humanos y de género. También demanda la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presos políticos.
En el punto número siete le recuerdan al régimen Ortega Murillo «el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país, derivadas de su actuación, y animarle a aceptar las ofertas de cooperación regional e internacional para devolver a la nación al camino de la democracia, el estado de derecho y el progreso pacífico para todos sus ciudadanos».
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La OEA también hace un llamado a la dictadura a que cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica y que garantice el derecho a la libertad religiosa en todo el país. A la fecha, una decena de sacerdotes, seminaristas y laicos permanecen en prisión con procesos judiciales que violan las normas del debido proceso. El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, también está encerrado en su vivienda familiar en Managua con permanente custodia policial. Expertos en derecho han señalado que esto se trata de un secuestro.
«Instar al Gobierno de Nicaragua a que garantice la integridad física, mental y moral y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y a que libere inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», señala otro de los puntos de la resolución de la OEA.
Además. exhortan al régimen Ortega Murillo que conceda acceso pleno y sin obstáculos a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas. El régimen expulsó en 2018 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que documentaba las graves violaciones de sus derechos a la ciudadanía nicaragüense que protestaba.
Nicaragua vive desde abril de 2018 una grave crisis social, política, económica y de derechos humanos desatada por la cruenta represión del régimen contra la población que se manifestaba en contra de unas reformas fallidas al seguro social. Esa represión dejó un saldo de 355 personas asesinadas. Organismos internacionales documentaron que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.
