Antigua y Barbuda junto a Canadá, Costa Rica, Chile y Estados Unidos solicitan a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se incluya «la situación de Nicaragua» en la agenda de la próxima Asamblea General de cancilleres del organismo, que se realizará en octubre próximo en Lima, Perú.
Mediante una misiva, los cinco países presentaron la petición a la Presidencia de la Comisión Preparatoria del 52 encuentro de la Asamblea General. La noticia la dio a conocer el exembajador nicaragüense ante la organización Arturo Mcfields, quien expresó que «la situación de Nicaragua y persecución de la Iglesia católica no quedará impune. El mundo reclama un cambio en Nicaragua, democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de los presos políticos».
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En la última Asamblea General, realizada en noviembre pasado, 25 países aprobaron una resolución que declaró que las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática». En estos comicios, Daniel Ortega se reeligió por cuarto periodo consecutivo.
Recientemente 27 países miembros de la OEA votaron contra el gobierno de Nicaragua, a quien llaman a cesar el hostigamiento contra la Iglesia católica y respetar los derechos humanos de los nicaragüenses. Luego de la resolución, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se sumó al rechazo de la organización contra las acciones represivas de Ortega contra Nicaragua.
El diplomático manifestó que «el resonante voto de la OEA condenando al régimen de Ortega-Murillo por sus abusos a los derechos humanos nos recuerda que, aunque el régimen haya abandonado el edificio, el pueblo nicaragüense sigue siendo parte de la familia de las Américas».
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Hizo hincapié en la insistencia del gobierno de Joe Biden para que el dictador nicaragüense atienda «este llamado hemisférico», que es el cese los abusos cometidos por sus aparatos represivos.
La resolución que exige a Ortega respetar los derechos de los nicaragüenses señala el «cierre forzado» de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman más de 1,500 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país, según han denunciado organizaciones de derechos humanos.
