El más reciente arrebato diplomático de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al expulsar a Bettina Muscheidt, embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, pone en riesgo la cooperación del viejo continente y las exportaciones al bloque de países.
La embajadora europea Bettina Muscheidt llegó a Nicaragua en septiembre de 2021, hace apenas un año, en sustitución de Pelayo Castro.
En Nicaragua, la Unión Europea ejecuta cinco programas: Apoyo a la Educación Técnica y la Formación Profesional, Apoyo a la Gestión Fiscal, Apoyo al Desarrollo Económico Local Sostenible de la Costa Caribe a través del sector turismo, Prevención y Control del Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas y el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua.
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Estos programas y proyectos tienen como objetivo la reducción de la pobreza a través de la promoción de un modelo de desarrollo inclusivo más productivo, focalizado en el aprovechamiento del bono demográfico. Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2012 las exportaciones a la UE totalizaron 258.9 millones de dólares y desde 2007 a agosto de 2022 se han hecho envíos por el orden de los 3,274.3 millones de dólares, según un recuento de La Prensa.
Las relaciones entre la UE y Nicaragua se han venido enmarcando de manera creciente en una perspectiva de integración centroamericana. Nicaragua es parte de importantes acuerdos regionales entre la UE&CA: el Acuerdo Marco de Cooperación para América Central (1985), el Segundo Acuerdo Marco de Cooperación (1993), el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (2003) y el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica (2012).
La UE ha apostado a favor de Nicaragua, trabajando por la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible basado en la paz, la democracia, la consolidación del Estado de Derecho y la profundización de la integración regional a nivel político.
La cooperación destinada a Nicaragua
De 2007 a 2013, en el marco de la Estrategia de Cooperación de la Unión Europea con Nicaragua se ejecutó un monto total de 195 millones de euros invertidos. La cooperación se enfocó en sectores prioritarios como la mejora de la democracia y la buena gobernabilidad, la educación y la creación de un clima favorable para los negocios y las inversiones en el país.
En 2014 se anunció la implementación de cinco nuevos programas de cooperación, a través de los cuales se apoyó temas como educación para el empleo, seguridad, turismo, gestión fiscal y abastecimiento de agua.
Ese mismo año se anunció un monto de 204 millones de euros para la nueva estrategia de cooperación de la UE con Nicaragua para el período 2014-2020, la cual se concentró en tres sectores: el apoyo al sector productivo, en particular agropecuario, educación efectiva para el empleo y adaptación al cambio climático.
Para 2019-2021, la UE destinó 44.1 millones de euros en ayuda humanitaria en América Central. Desde las sequías recurrentes en el Corredor Seco de Centroamérica, la epidemia de dengue en Guatemala, Honduras y Nicaragua, hasta el COVID-19, la tormenta tropical Amanda en Guatemala y El Salvador, así como los huracanes Eta e Iota en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Protegieron sus fondos de cooperación en la crisis nicaragüense
En 2018 la UE introdujo salvaguardas adicionales para sus fondos de cooperación en Nicaragua, principalmente en términos de mayor vigilancia y seguimiento para evitar apoyar al gobierno en sus medidas represivas. En ese año inició la crisis social, política, económica y de derechos humanos que ha enfrentado el país. La pareja dictatorial ordenó a la Policía y fuerzas paramilitares sofocar con balas las protestas sociales desatadas por una reforma fallida al sistema de pensiones. Un total de 355 personas fueron asesinadas, según un recuento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Unión Europea apoya al sector productivo con el objetivo de promover el desarrollo rural, incrementando la producción sostenible, competitividad y resiliencia al cambio climático de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) en los sectores agrícolas y agroindustriales. También promueve la educación efectiva para el empleo para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral, particularmente de los graduados de estudios secundarios. Se contempla la mejora de la relevancia de la educación, el acceso equitativo y la calidad de la educación secundaria, así como la educación técnica/vocacional en general.
Además, ejecuta proyectos en el tema de adaptación al cambio climático para incrementar la adaptación de la población, en particular a través de un manejo integrado de recursos hídricos y aliviando la presión sobre los bosques.
La donación de vacunas contra el COVID-19
La UE y sus Estados Miembros han contribuido con 2,200 millones de euros para lograr que 92 países de renta baja y media, entre los que se encuentra Nicaragua, tengan acceso a vacunas eficaces contra la COVID-19. En el caso de Nicaragua, la iniciativa COVAX ha permitido la donación de más de 3.2 millones de dosis de vacunas, a noviembre de 2021, distribuidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la mayoría provenientes de países del bloque. España, miembro de la Unión Europea, es el país que ha liderado los donativos al Ministerio de Salud (Minsa) nicaragüense.
La Unión Europea (UE) informó ayer, 29 de septiembre, que no han recibido ninguna comunicación oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la expulsión de su embajadora en Nicaragua, Bettina Muscheidt. Subrayó que «evalúan» la situación de la diplomática.
«No tengo conocimiento de ningún anuncio oficial. Lo único que puedo decir sobre el tema en este momento es que nuestra embajadora, la jefa de la delegación de la UE en Managua, fue convocada ayer (28 de septiembre) al Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua», reveló Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
En esa cita, detalla el medio Divergentes, le fue comunicada a la diplomática su expulsión de facto y el plazo «prudencial» para salir del país con fecha primero de octubre, o sea, que para el próximo sábado la dictadura le estaría imponiendo 72 horas para dejar Nicaragua. «Estamos evaluando su situación en contacto con las autoridades nicaragüenses», sostuvo Stano.
Durante la misión de su antecesor, la UE y algunos países de Europa sancionaron a 21 funcionarios, familiares y allegados de Ortega, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y varios de sus hijos, bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia. Dichas sanciones vencerán el próximo 15 de octubre y se espera que la Unión Europea las renueve por un nuevo periodo.
Una docena de organizaciones opositoras consideran que las acciones de la dictadura contra la diplomática son un «total irrespeto» a su misión diplomática y es muestra de que el régimen de Ortega y Murillo persigue aislar a Nicaragua de la comunidad internacional, siendo la UE uno de los principales socios comerciales. Destacan que en los últimos 25 años el bloque de países ha sido una de las principales fuentes de cooperación para el desarrollo del país.
Las demandas de la Unión Europea
Los europarlamentarios han aprobado seis resoluciones que condenan la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. Una de las medidas de presión que pretenden ejercer contra Ortega y Murillo es la revisión de la cláusula de respeto a los derechos humanos en el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica.
El Parlamento Europeo aprobó el 16 de diciembre la resolución sobre la crisis social y política de Nicaragua, que expone 12 puntos para ejercer presión contra el régimen de Daniel Ortega, y en la que destaca el desconocimiento de la jornada electoral del siete de noviembre, y el inicio de una investigación, a través de la Corte Penal Internacional, contra el Estado de Nicaragua y sus gobernantes, por crímenes de lesa humanidad.
La resolución propone al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que «utilice todos los medios a su alcance para incrementar las sanciones individuales, y denunciar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea», por lo que Nicaragua quedaría aislada de la UE.
Además, pide que todos los Estados miembros puedan supervisar los fondos europeos asignados a través de instituciones multilaterales y financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para garantizar que tampoco por esta vía haya una financiación que pueda reforzar al régimen. El Parlamento Europeo también ha demandado la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas presas políticas y la anulación de los procesos judiciales.