Una docena de organizaciones de oposición nicaragüenses y en el exilio condenaron la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE), Bettina Muscheidt, ordenada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según medios nacionales, el régimen le habría dado 72 horas a la diplomática para que abandone el país al señalarla de «injerencista» porque la UE ha demandado la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones libres, justas, transparentes y competitivas.
Los opositores consideran que las acciones de la dictadura contra la diplomática son un «total irrespeto» a su misión diplomática y es muestra de que el régimen de Ortega y Murillo persigue aislar a Nicaragua de la comunidad internacional, siendo la UE uno de los principales socios comerciales. Destacan que en los últimos 25 años el bloque de países ha sido una de las principales fuentes de cooperación para el desarrollo del país.
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«NO ES INJERENCIA: abogar por el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense y de cualquier otro país del mundo; demandar democracia y respeto a los acuerdos internacionales de los que el Estado de Nicaragua es parte; buscar espacios de diálogo reales con un régimen ilegítimo para superar esta crisis democrática y de derechos humanos», señala la declaración emitida por las 12 organizaciones de oposición.
La Unión Europea (UE) informó que no han recibido ninguna comunicación oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la expulsión de su embajadora en Nicaragua, Bettina Muscheidt. Subrayó que «evalúan» la situación de la diplomática.
«No tengo conocimiento de ningún anuncio oficial. Lo único que puedo decir sobre el tema en este momento es que nuestra embajadora, la jefa de la delegación de la UE en Managua, fue convocada ayer (28 de septiembre) al Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua», reveló Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
El llamado a la comunidad internacional
Las agrupaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional a condenar al régimen de Ortega y Murillo, porque han demostrado que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo para salir de la crisis social, política, económica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Además, aseguran que Ortega «se humilla ante las otras dictaduras entregando al país y sus recursos, como un verdadero “vendepatria” a cambio de promesas de protección a su dictadura».
«Solicitamos a los países miembros de la Unión Europea utilizar los mecanismos y procedimientos necesarios para la declaración de ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo y para restablecer el orden democrático en Nicaragua», concluyen.
