Por más de tres años, el excarcelado político Juan Bautista Guevara Carballo ha sufrido el asedio policial permanente en su vivienda en el barrio Buenos Aires, en el municipio de Ticuantepe.
La presencia de los agentes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impide salir y tener una vida tranquila con su familia.
Guevara es docente de matemáticas y física, pero no ha podido encontrar trabajo tras su excarcelación el 28 de febrero de 2019. Este fin de semana una patrulla policial permanecía apostada en la entrada de su casa de habitación.
«El asedio no ha parado desde que salí de las mazmorras hasta el día de hoy, esto me tiene en una muerte cívica, que no puedo trabajar, no puedo salir y son muchas las necesidades que uno tiene en su casa: medicina, alimentación para los niños, pero con la ayuda de Dios ahí vamos», dijo Juan Bautista Guevara en un audio difundido a medios de comunicación.
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El docente afirma que es víctima de acoso del sistema que, a través de la sancionada Policía, tiene sometido al país bajo el régimen Ortega y Murillo que «se ha creído dueño de Nicaragua». Juan Bautista Guevara considera que estas acciones de la dictadura orteguista es una forma de esclavitud para toda la nación, pero que «con la ayuda de Dios pronto seremos libres».
El excarcelado político aseguró que continúa orando por todas las personas presas políticas, los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica que están detenidos y por la memoria de las víctimas de la represión del régimen de Nicaragua que fueron asesinadas. «Siempre seguimos fuertes, firmes y en resistencia», afirmó.
En junio de este año, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) presentó un informe dirigido y elaborado para el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) donde señalan que los excarcelados políticos son sometidos a una «muerte civil» por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de recobrar su libertad.
El documento de UPPN y RIDH se basa en la entrevista, seguimiento y recolección de información de 30 expresos políticos que sufrieron una detención arbitraria, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las secuelas del encierro al fueron sometidos por la dictadura de Nicaragua desde 2018.
«Los resultados del informe revelaron varias secuelas directas producto del encarcelamiento y las torturas sufridas, entre padecimientos físicos y psicológicos que no han sido tratados adecuadamente debido al constante estado de persecución y violencia hacia las personas expresas políticas; lo cual conlleva a una “muerte civil” generalizada donde todas las víctimas indican ya no sentirse ciudadanos completos por no poder ejercer sus derechos», reza la nota de prensa divulgada por UPPN.
