La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) realizaron un informe dirigido y elaborado para el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) donde señalan que los excarcelados políticos son sometidos a una «muerte civil» por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de recobrar su libertad.
El documento de UPPN y RIDH se basa en la entrevista, seguimiento y recolección de información de 30 expresos políticos que sufrieron una detención arbitraria, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las secuelas del encierro al fueron sometidos por la dictadura de Nicaragua desde 2018.
El objetivo del informe es sistematizar las secuelas de la detención, las formas en que el Estado de Nicaragua y sus operarios siguen violentando sus derechos fundamentales, el desplazamiento forzado que esto ha causado.
«Los resultados del informe revelaron varias secuelas directas producto del encarcelamiento y las torturas sufridas, entre padecimientos físicos y psicológicos que no han sido tratados adecuadamente debido al constante estado de persecución y violencia hacia las personas expresas políticas; lo cual conlleva a una “muerte civil” generalizada donde todas las víctimas indican ya no sentirse ciudadanos completos por no poder ejercer sus derechos», reza la nota de prensa divulgada por UPPN.
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En las conclusiones del informe solicitan al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas a instar al Estado de Nicaragua a detener de inmediato el acoso y la criminalización de las personas excarceladas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales, incluido el derecho a la salud y la reparación por los daños causados.
Además, los excarcelados demandan «la investigación judicial y penalización de los jueces responsables de condenar a prisión arbitrariamente a las víctimas en procesos judiciales viciados y por impedir la formulación de denuncias de manera segura en los casos de tortura».
«Hacemos también un llamado a la inmediata liberación sin condiciones de todas las 182 personas que siguen detenidas arbitrariamente desde el 2018, para poner un fin a su constante vulneración y malos tratos, así como un cese al asedio y la persecución a todas las personas excarceladas», finaliza el documento.
