Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, cumple este 23 de septiembre 50 días de secuestro por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta el momento, solo se sabe que fue trasladado a Managua y que está bajo arresto domiciliario.
El cuatro de agosto, la Policía orteguista impidió la salida del prelado, quien se encontraba en la Curia Episcopal de Matagalpa, junto a sacerdotes, dos seminaristas y un laico. El 19 del mismo mes, antimotines asaltaron el recinto, dejaron al jerarca bajo casa por cárcel y a sus acompañantes los recluyeron en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua.
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Ante la incertidumbre sobre la situación legal del prelado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó el respeto a su integridad física y su libertad inmediata.
«—El régimen Ortega Murillo sigue sin informar sobre su estado físico y psicológico. Exigimos su libertad inmediata y la de todas las personas presas políticas. #LibertadParaMonseñorÁlvarez #NoMásPersecuciónALaIglesia», demandó la organización defensora de derechos humanos a través de su cuenta de Twitter.
El régimen de Ortega ha señalado que la detención arbitraria del Álvarez fue para «recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas».
¿Dónde está recluido monseñor Álvarez?
Aunque no se sabe de manera oficial dónde está monseñor Álvarez, una fuente reveló a Artículo 66 que el sacerdote se encuentra en casa de unos familiares, cerca de la empresa Cargill, en carretera a Masaya.
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«La casa está ubicada a unos 100 metros de la empresa Cargill, en la comarca Los Madrigales, es un camino estrecho. Hay un tope, es la única casa elegante y grande que hay en esa zona, se mantienen tres o cuatro antimotines, los que son relevados a las seis de la tarde. Diario sale una patrulla llena de policías y carros con vidrios oscuros», agregó el informante.
Ante la violación a los derechos humanos de monseñor Rolando Álvarez, el Parlamento Europeo aprobó el 15 de septiembre una resolución con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones en donde instan al dictador Ortega liberar al prelado y a los sacerdotes detenidos durante los ataques a la Iglesia.
Después de las protestas sociales del 2018, la dictadura de Ortega ha arremetido contra la Iglesia católica de Nicaragua, tildándola de «golpista» y «terrorista». En este 2022, la institución religiosa ha experimentado la mayor represión que habría vivido en el país.
Hasta, el régimen mantiene tras las rejas a nueve sacerdotes, dos de ellos —monseñor Leonardo Urbina de Boaco y el padre Manuel Salvador García— condenados por delitos comunes, además ha impedido la libertad de culto.