La organización política internacional Alianza Progresista considera que la situación de Nicaragua ha alcanzado «niveles alarmantes» y urgió a la comunidad internacional que emprenda las «medidas diplomáticas» porque la crisis sociopolítica en el país «ha alcanzado niveles altamente alarmantes».
En su declaración reseñan las acciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica, los medios de comunicación independiente, los ataques contra los miembros de organizaciones de oposición y la extinción de la libertad de asociación. Además, el alto número de presos políticos.
«En las últimas semanas se ha concentrado en el acoso y el encarcelamiento de sacerdotes y un obispo de la Iglesia Católica, contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. Un obispo, Monseñor Rolando Álvarez, se encuentra de hecho con casa por cárcel sin ninguna figura judicial que lo justifique, hay diez sacerdotes presos y hasta la fecha se han ilegalizado más de 1800 organizaciones no gubernamentales», detalla la organización política internacional.
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«Ambiente de terror»
La Alianza Progresista afirma que los nicaragüenses son sometidos a un «ambiente de terror» impuesto por el régimen Ortega Murillo con el estado policial que mantiene en todo el país y mantiene con el control absoluto de las instituciones del Estado. Denuncian que el Poder Judicial y la Policía «actúan como ejecutores principales de la represión dictatorial».
«… el numero total de presos políticos, supera los 205. Entre ellos 14 dirigentes y activistas del partido Unamos, incluyendo 6 directivos nacionales y su presidenta Suyen Barahona. Hugo Torres, vicepresidente, murió en la cárcel en el mes de febrero», manifiesta.
«Todos los presos políticos están siendo sometidos a torturas físicas y sicológicas, lo que quedó constatado en días pasados cuando después de más 400 días, 27 de ellos fueron presentados. Su deterioro físico y el riesgo de sus vidas, es palpable. En particular las mujeres dirigentes de Unamos, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Dora María Téllez, se encuentran en estado de aislamiento y sus vidas en riesgo real», añade.
La organización demandó el cese de la represión en Nicaragua y acusó ante la comunidad internacional que Daniel Ortega ha «destruido todo estándar democrático, vulnerado todas las normas de convivencia y ha conculcado los Derechos Humanos de los nicaragüenses».
«Urgen acciones diplomáticas»
En el comunicado, la organización hace un llamado a los gobiernos de América, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y a la Secretaría General de Naciones Unidas a tomar las «medidas diplomáticas y políticas» ante el grave «drama humanitario y político» que vive Nicaragua para que el régimen de Ortega «abra la posibilidad de una solución democrática».
«Llamamos a todas las organizaciones democráticas y progresistas a poner en práctica acciones inmediatas dirigidas a lograr el cese de la tortura a todas las presas y presos políticos y su libertad incondicional y con garantías»,
Finalmente reiteraron su firme solidaridad con el pueblo de Nicaragua y en particular con todas las fuerzas democráticas.
