El orteguista Consejo Supremo Electoral (CSE) juramentó a los miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales para las votaciones municipales que se realizarán el próximo seis de noviembre. El CSE es señalado se fraguar «fraudes» para favorecer al partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La magistrada Brenda Rocha, presidenta del CSE, fue la encargada de tomar el juramento a los miembros de los partidos satélites que simularán «competir» contra los candidatos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para los Consejos Electorales Departamentales y Regionales que son impares (17), la juramentación y toma de posesión fue del 50 % más uno presididos por mujeres, es decir, 9 mujeres como presidentas y 8 hombres como presidentes; de un total de 51 cargos propietarios, 26 son integrados por mujeres y 25 por hombres.
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Durante el acto oficial del CSE, la magistrada presidenta del Poder Electoral afirmó que los integrantes de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales «tienen la responsabilidad de salvaguardar la soberanía del pueblo, de defender el ejercicio al sufragio con plena autodeterminación conforme nuestra Constitución Política, nos compete salvaguardar nuestra independencia apegados a la ley de manera estricta».
Según los datos oficiales, en los comicios municipales podrán participar al menos 4.4 millones de ciudadanos, del total de 6.5 millones de nicaragüenses. En las votaciones se «elegirán» a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6 mil concejales de todos los municipios del país.
Según análisis del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, las cuestionadas votaciones municipales le costarán a los nicaragüenses 31.1 millones de dólares. Un 40% de ese total es destinado para el pago por los gastos de la campaña electoral a los partidos políticos, el más beneficiado sería el FSLN por el alto porcentaje de votos que le asigna el CSE.
El tribunal electoral es señalado de ejecutar y dirigir una «farsa electoral» donde se espera que el FSLN se haga con el control absoluto de las 153 alcaldías del país tras eliminar en 2021 todo resquicio de oposición con la cancelación de tres partidos políticos que aglutinarían a los grupos que critican la administración Ortega Murillo.
