La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), en el marco del aniversario del Ejército de Nicaragua, envió un mensaje de «solidaridad» con los oficiales, clases y soldados que no están de acuerdo con el régimen de Daniel Ortega y «aspiran a ser parte de una institución profesional».
«Nicaragua hoy sangra por todos sus costados y todos los nicaragüenses, incluyendo los trabajadores del Estado, oficiales y soldados del Ejército, sufrimos la incertidumbre y las consecuencias sociales y económicas de la crisis política que se origina en la dictadura. Los oficiales, clases y soldados del Ejército, también son víctimas de la crisis que vive el país, provocada por la dictadura de los Ortega-Murillo», refiere el comunicado de la organización opositora con fecha del dos de septiembre.
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La Unab denuncia que «después del 2018, el Ejército es visto como un instrumento complaciente con el proyecto dictatorial del orteguismo. Y esto obedece a que algunos oficiales, de los distintos niveles de mando, se han prestado a ser cómplices activos de la dictadura, y se han hecho de la vista gorda frente a grupos paramilitares y sus delitos. Esos, personalmente deberán responder ante la justicia».
La organización destaca que, a pesar de esta situación «centenares de oficiales, clases y soldados, aspiran a ser parte de una institución profesional, honorable y al servicio exclusivamente de la patria, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante, tal como lo define la constitución política desde 1995».
Mediante el comunicado también recuerdan el fallecimiento del general en retiro Hugo Torres que murió «a manos de la dictadura», además señalan que Torres no ha sido la única víctima pues «otros altos oficiales en retiro han sufrido cárcel, persecución política y se les restringe su libre movilización o salida del país».
El Ejército, señalado de ser parte de la represión contra los nicaragüenses, aún se encuentra sin ser sancionado como institución por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero sus principales jefes sí lo están. El general Julio César Avilés, jefe de la institución castrense; y el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM); fueron incluidos en la lista negra bajo acusaciones de cooperar con Ortega en el desmantelamiento institucional y violaciones de derechos humanos.
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Avilés ha mostrado pública y abiertamente su fidelidad al gobierno de Daniel Ortega, reprobado por la comunicad nacional e internacional por su continua violación a los derechos de la ciudadanía. Hasta la fecha mantiene cautivo en las diferentes cárceles del país a más de 200 presos políticos, según el reciente informe del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas.
Estados Unidos ha denunciado que el Ejército del país «está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolicías durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018».
Además, agrega que «los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas».