A través del acuerdo presidencial número 126-2022, publicado en la Gaceta, diario oficial, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a premiar al Ejército con la donación de nueva propiedad ubicada en el municipio de Nagarote, en el departamento de León.
El artículo uno del presente acuerdo publicado este viernes, 12 de agosto, señala que el «Ejecutivo autoriza a la Procuradora General de la República para que comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir, escritura pública de desmembración y donación a favor del Ejército de Nicaragua, de un bien inmueble perteneciente al Estado de la República de Nicaragua».
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La nueva propiedad que pasará a manos de la institución castrense está ubicada en el sector Puerto Sandino (La Pengua), departamento de León. El terreno posee un área de 74,926.76 metros cuadrados.
Señala también que el resto del terreno está inscrito como finca «con N° 1047; Tomo 958; Folios 63-66; Asiento 224″; columna de inscripciones, sección derechos reales, del registro público de la propiedad inmueble y mercantil del y departamento de León».
En el artículo dos, el régimen orteguista autorizó a la Procuradora General de la República para que incluya en el contrato de desmembración y donación «todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la República de Nicaragua».
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Desde el 2020, el régimen Ortega-Murillo ha regalado más de 15 propiedades a los operadores de la represión en contra de los nicaragüenses. Recientemente, el 27 de junio, la pareja presidencial traspasó a nombre de la institución dos terrenos inscritos como fincas que se encuentran ubicadas en Managua, según la información publicada en La Gaceta.
En el mismo mes, pero el 16, autorizó a la Procuraduría General de la República para que uniera a las donaciones otorgadas al cuerpo castrense un terreno de 27 mil 77 metros cuadrados en El Rama.
El Ejército, señalado de ser parte de la represión contra los nicaragüenses, aún se encuentra sin ser sancionado como institución por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero sus principales jefes sí lo están. El general Julio César Avilés, jefe de la institución castrense; y el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM); fueron incluidos en la lista negra bajo acusaciones de cooperar con Ortega en el desmantelamiento institucional y violaciones de derechos humanos.
Avilés ha mostrado pública y abiertamente su fidelidad al gobierno de Daniel Ortega, reprobado por la comunicad nacional e internacional por su continúa violación a los derechos de la ciudadanía. Hasta la fecha mantiene cautivo en las diferentes cárceles del país a más de 190 presos políticos.
