Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue condenado a 30 años de cárcel por el supuesto delito de violación a una menor de 14 años y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S. de 12 años.
El abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia, informó que la sentencia fue impuesta el jueves, primero de septiembre, por el juez orteguista Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer. «Acto en el cual le impuso la pena de 30 años de Prisión por la suma de dos delitos de abuso sexual y uno de violación a menor a 14 años», explicó.
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«Según la sentencia, la condena recayó sobre tres hechos. Los dos primeros calificados como abuso sexual, ocurridos en diciembre de 2021, y enero de 2022 los que tienen como pena de 12 años individualmente, y el último calificado como violación a menor de 14 años, con la pena de 25 años», explicó el experto.
El jurista señaló que el juicio en contra del religioso se celebró sin ningún tipo de transparencia y sin el acceso o presencia de sus familiares cercanos.
Recalcó que el padre no contó con una defensa de su confianza, sino «la misma defensora pública impuesta por el Juez Tercero de Violencia de Managua, de nombre Jennifer Hernández Granera y el fiscal Emanuel Álvarez G».
«Inhabilitación absoluta»
Por otra parte, el judicial le impuso a monseñor Urbina la «pena accesoria de inhabilitación absoluta aunque según Morazán, la sentencia no dice de qué lo inhabilitan»
Además, señaló que se remite al prelado a participar en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a modificar su conducta y así evitar repetición.
Urbina Rodríguez, quien fue sustraído de Boaco, pagará la sentencia en el Sistema Penitenciara Jorge Navarro en Tipitapa, lo que para el abogado Yader Morazán es «novedoso», porque a diferencia de los secuestrados políticos en el contexto preelectoral 2021 no se estableció dónde serían recluidos.
Fiscalía no presenta pruebas principales
En cuanto a las pruebas contra el párroco, la Fiscalía no presentó las más importantes que supuestamente comprueban la culpabilidad de monseñor Leonardo Urbina.
«Tal como me lo habían filtrado anteriormente, y que ahora leo en la sentencia, al juicio no comparecieron las dos pruebas más importantes después de la declaración de la víctima, como son la médico legal Carolina Aguinaga, ni la psicóloga forense Olga Granados Pravia», señaló Morazán.
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«Es decir, que quien simuló la defensa del sacerdote no tenía cómo cuestionar el proceso de extracción, procesamiento y conclusión de ambas evidencias forenses, porque estas personas fueron sustituidas por personal del IML (Instituto de Medicina Legal)-Managua, quienes se limitaron a dar lectura a los dos dictámenes», indicó.
Ante esas anomalías, el especialista dijo que se está de nuevo antes un nuevo anulable «por estar plagado de muchas irregularidades, pese a que ellos tenían y tienen a todo el aparato estatal para hacer cualquier cosa que al menos aparente algo de legalidad».
«Trabajé muchos años con víctimas de violencia y conozco muy bien cómo deben de ser estos procesos, por eso digo: si el sacerdote es responsable de algo, que lo procesen y condenen, pero no bajo las condiciones de indefensión e irregularidades en que lo hicieron», concluyó Yader Morazán.
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El padre Leonardo Urbina se suma a la lista de más de 200 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y es el segundo —el primero fue el padre Manuel Salvador García— en ser condenado por supuestos delitos comunes.
Hasta el momento, la dictadura tiene tras las rejas a nueve sacerdotes, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien cumplió dos semanas de estar en «casa por cárcel», sin tener comunicación con el exterior.
