El preso político y dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) José Alejandro Quintanilla Hernández, conocido como Álex Hernández, fue incluido en el tercer bloque de opositores presentados este primero de septiembre en el Complejo Judicial Central de Managua. Luego de un año de encierro fue mostrado ante medios oficialistas con significativa pérdida de peso.
Hernández cumplió un año de cárcel el pasado 24 de agosto, después de ser detenido en 2021 a menos de tres meses de las cuestionadas elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en una jornada de cacería de opositores que incluyó a siete aspirantes presidenciales. Según vecinos del activista, la Policía al servicio del régimen lo «secuestró» en las afueras de la casa de seguridad donde estaba resguardado.
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Sus familiares han denunciado que el preso político ha sido sometido a malos tratos y constantes interrogatorios pese que ya fue condenado. El régimen lo mantiene en una celda pequeña. Álex Hernández enfrentó juicio por el supuesto delito de «conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional» y fue condenado por la justicia del régimen de Ortega a diez años de prisión.
La evidencia utilizada por el Ministerio Público en contra del miembro del consejo político de la Unab se basó en unos vídeos que grabó previendo su detención y otros relacionados al proceso electoral en el que el acusado denunciaba las irregularidades, pero no pedía sanciones contra Nicaragua, afirmó la defensa del encarcelado.
Además, esta es la segunda vez que Hernández permanece encarcelado por órdenes de la dictadura de Ortega-Murillo. La primera ocurrió en el contexto de las protestas sociales en 2018 y fue liberado bajo la Ley de Amnistía. La UNAB ha denunciado que el régimen de Nicaragua mantiene en prisión a Álex Hernández «por crímenes que no cometió».
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Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron recientemente las graves secuelas que reflejan los presos políticos debido al encierro, afirman que «las consecuencias de la detención arbitraria son notorias y las marcas de torturas sufridas se reflejan en los rostros y cuerpos de cada persona».
Ante esto, demandan a la comunidad internacional, a los gobiernos de la región y las organizaciones internacionales de derechos humanos, políticas y económicas a ejercer «la presión necesaria mediante todos los mecanismos existentes y aprobados para no dar tregua alguna a la dictadura de los Ortega que tiene como objetivo instaurar su ideología nefasta y violenta en Nicaragua».