La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) señaló que la «audiencia informativa» que montó el régimen de Daniel Ortega para mostrar a 20 presos políticos en los juzgados de Managua carece de fundamento jurídico, «por lo que la comparecencia en la misma es ilegal, arbitraria, violenta el principio de legalidad y las garantías mínimas del debido proceso».
«Persisten las reiteradas arbitrariedades y violaciones al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en todas sus instancias, en esta ocasión a través de la celebración de una supuesta «audiencia informativa» que carece de fundamento jurídico que sustente su celebración, puesto que la misma no se encuentra estipulada en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal de Nicaragua», denunció el organismo en un comunicado.
Este miércoles, por segundo día consecutivo, la dictadura de Ortega divulgó imágenes de otros diez presos políticos. En esta ocasión presentaron a las dirigentes de Unamos Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Dora María Téllez; al gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann; al vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Álvaro Vargas; al expresidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas Anduray; al aspirante a la Presidencia, Félix Maradiaga; a la activista Tamara Dávila, al abogado Róger Reyes y al opositor Irving Larios.
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También, el martes la Policía orteguista mostró a los líderes estudiantiles Max Jerez y Lesther Alemán; a los aspirantes a la Presidencia Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora Barberena; a los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vázquez; al presidente del Cosep, Michael Healy y al experto en temas electorales José Antonio Peraza.
La UDJ aseguró que con esta acción la dictadura de Ortega-Murillo «pone en evidencia las reiteradas violaciones a los derechos de las personas presas políticas, al derecho a una defensa y a defender derechos, al ser celebrada sin la participación de sus abogados defensores».
«Los casos de la mayoría de las personas presentadas el día de ayer (martes) y hoy (miércoles) en dichas audiencias, ya se encuentran con recursos de casación presentados, por lo que el Tribunal de Apelaciones carecía de competencia para la realización de dicha audiencia, dado el caso, debió en su momento procesal correspondiente, convocar a audiencia de apelación y/o a audiencia de lectura de sentencia de apelación, lo que fue solicitado por las defensas pero esto fue omitido e incluso denegado por el Tribunal», subrayó la organización.
Asimismo, le recordó a las autoridades judiciales y policiales, «que ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuciones que le otorga la constitución y las leyes».
«El Tribunal de Apelaciones se extralimita en sus funciones con la de otros poderes del Estado, al legislar por la vía de hecho, al aplicar un procedimiento que no existe en la ley (art. 10 Código Penal)», agregó.
La Unidad de Defensa Jurídica calificó como un «acto mediático, publicitario y repudiable» las imágenes divulgadas de los opositores por los medios oficialistas del régimen.
Demandó a la administración de Ortega-Murillo respetar las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a la protección a la dignidad humana de las personas presas políticas.
«Reiteramos que las autoridades deben resolver sobre la atención jurídica médica y las valoraciones medico legales que han sido solicitadas de manera reiterada, así como el ingreso de alimentos, material de lectura, calendarización adecuada de las visitas familiares, el restablecimiento de las relaciones madre, padre, hijas e hijos, las visitas conyugales a las que tienen derecho según la legislación, en lugar de inventar figuras jurídicas orientadas a la exposición e irrespeto a la dignidad humana de quienes el Estado debería proteger», concluyó.
