El preso político José Antonio Peraza fue llevado este martes, 30 de agosto, ante el juez Guillermo Rothschuh Villanueva para una inusual «audiencia informativa» sobre su caso político. En las imágenes difundidas por los medios de propaganda de la dictadura de Nicaragua se nota que Peraza está muy delgado y sus familiares han denunciado que presenta desnutrición.
Esta exposición pública de los rehenes de conciencia se da un día después que denunciaron la reducción drástica de las porciones de alimentos desde hace más de un mes, tras la décima visita de los presos políticos. Los familiares demandaron que se cumplan las leyes que protegen a las personas privadas de libertad.
José Antonio Peraza está detenido en las celdas del complejo policial Evaristo Vásquez, sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», un centro donde es sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, según organismos de derechos humanos.
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El pasado 15 de julio, difundieron un retrato hablado del preso político, su familia denunció que ha perdido 60 libras de peso, presenta una notoria desnutrición y padece diversas enfermedades en la piel.
Según la plataforma Sé Humano Nicaragua, el politólogo presenta un profundo deterioro en su condición física y de salud, «padeciendo tratos crueles y degradantes, sin alimentación adecuada, sin atención médica y sometido a constantes interrogatorios».
Karol Peraza, hermana del miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), aseguró que temen por la vida del opositor, quien antes de ser capturado por el régimen de Ortega «era un hombre que pesaba unas 210 libras, fuerte y atlético que practicaba boxeo como deporte y no padecía ninguna enfermedad».
Peraza fue detenido con violencia el 26 de junio de 2021 cuando estaba en su vivienda en las afueras de Managua. En prisión ha sido sometido a extensos interrogatorios, mala alimentación, pocas horas de sol a la semana y no tiene acceso a medicina para tratar las enfermedades que ha desarrollado durante su cautiverio.
La dictadura lo acusó de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo.
El opositor, especialista en sistemas políticos y electorales, fue condenado a 10 años de prisión el pasado 17 de febrero. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el juez Ángel Jancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua, sancionado por Estados Unidos.