El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró a una nueva codirectora general del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) tras la renuncia de la titular de esa cartera que estaba a cargo de Olivia Margarita Cano Bustamante que había asumido en mayo de este año, según consta en el acuerdo presidencial No. 131-2022, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, de este lunes, 29 de agosto de 2022.
La renuncia de Cano se habría aceptado desde el pasado 23 de agosto, pero surte efecto hasta su publicación este día.
La nueva codirectora general del Invur es Gabriela Lorena Palacios Vidaurre, según el acuerdo presidencial No. 132 publicado también hoy, 29 de agosto, en La Gaceta No. 161-2022.
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La nueva funcionara orteguista, según registros disponibles en internet, estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Antes de llegar a ocupar la titularidad de Vivienda fue funcionaria del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador. Ocupó el cargo de directora de la División de control ambiental de dicha institución del Estado.
Según el sitio Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), Palacios Vidaurre es autora de la propuesta de la rehabilitación del parque Las Piedrecitas de la ciudad de Managua y de la revitalización del parque histórico nacional Loma de Tiscapa también en Managua.
Los diputados orteguista aprobaron este primero de junio reformas a las leyes orgánicas de cuatro instituciones de Estado para ampliar el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el nombramiento de los codirectores que están a la cabeza de cada institución. Los designados por el dictador de Nicaragua tendrán la facultad de ejercer la representación legal y hasta nombrar o remover a los empleados.
Las iniciativas aprobadas modifican la organización y juntas directivas del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y del Instituto Nacional Forestal (Inafor), según Ortega, para «modernizar» y lograr una mejor coordinación interna de la administración pública que dé «respuesta a la demanda de forma eficiente y eficaz». En la práctica, la medida de tener un «segundo al mando» ya se ejecuta.
En la reforma a la Ley 428, Ley Orgánica del Invur, se mandata que «los funcionarios de mayor jerarquía serán dos codirectores o codirectoras nombrados por el presidente de la República, quienes ejercerán la representación legal». Cuando los designados no puedan concurrir a las sesiones, estas serán presididas por el ministro de Hacienda o el ministro de Transporte.