El presidente ilegítimo, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la Ley de Minas para reemplazar la participación de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) en las actividades del sector minero, tras ser sancionada por Estados Unidos en junio; y controlar las exportaciones de minerales de las casas de empeños.
Ortega dará un gran poder al Ministerio de Energía y Minas (MEM), en sustitución de Eniminas, incluyendo el control sobre las operaciones de los comerciantes de metales preciosos y casas de empeños y/o préstamos; para lo cual pide a sus diputados conceder trámite de urgencia a la propuesta.
«Se hace necesario en estos momentos una asignación de funciones al ente rector de los recursos minerales del país, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con relación a sus funciones y responsabilidades relacionadas a la organización del sector minero y muy en especial de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)», señaló Ortega al diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
La iniciativa de reforma a la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas manda a modificar los artículo 2 y 76 bis, y realiza adiciones al artículo 39, artículo 77 y al artículo 84 bis de la Ley 387.
El artículo 77 otorga al MEM la facultad de «autorizar la procedencia y el seguimiento a las exportaciones de minerales de las Casas de empeño y/o préstamos y los comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas; de estos últimos autorizará los acuerdos que suscriban con concesionarios mineros, planteles de beneficio, mineros artesanales o pequeños mineros. En caso de incumplimiento, el MEM está facultado para el cierre o intervención del sujeto obligado». También se otorga el derecho de nombrar interventores.
La urgencia de Ortega surge poco después que la Policía se tomara las 38 sucursales de la Casa de Empeños Prisa, y sus funcionarios acusaran de lavado de dinero y otros delitos al presidente de la junta directiva de la empresa, Mario Hurtado Jiménez. Es un «show político», dijo el empresario a Artículo 66, asegurando que, en la embestida, la institución policial incautó alrededor de 3 millones de dólares en oro y plata.
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En la reforma al artículo 2, el régimen establece que «el Estado a través de las alianzas y asociaciones con empresas privadas, públicas o mixtas que proponga y autorice al Ministerio de Energía y Minas (MEM), podrá participar en las actividades establecidas en la presente ley».
En este artículo, el régimen agrega un párrafo que otorga al MEM «ejecutar un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas a la fecha de publicación de la presente Ley, para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros; facultándose al Ministerio a cancelar dichas concesiones en caso de incumplimientos o a establecer acuerdos de cumplimiento en los casos que amerite con los concesionarios mineros infractores».
En el artículo 76 bis, Ortega pasa a manos del MEM la administración y reglamentación del Fondo de Desarrollo y Promoción Minera, «incluyendo los bienes muebles e inmuebles que se hayan adquirido con el mismo».
En el acápite se lee que el Fondo de Desarrollo, además de haberse creado para financiar y ejecutar actividades de fomento minero como la investigación de recursos minerales, también financiará y ejecutará el «ordenamiento de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), la erradicación del mercurio en el procesamiento artesanal y promover el uso de buenas prácticas ambientales, incluyendo la instalación de plantas de beneficio de procesamiento de sustancias minerales en áreas de reserva minera y otras».
El régimen agrega, en el artículo 39, que el MEM «coordinará y supervisará, previo acuerdo entre concesionarios o planteles de beneficio debidamente registrados, la entrega de recursos mineros provenientes de la pequeña minería y la minería artesanal (…). En los casos que se requiera, el MEM otogará avales de dichos recursos minerales a ser entregados a favor de los mineros artesanales y pequeños mineros».
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La administración de Ortega también deja sentada la cancelación de dos concesiones mineras otorgadas bajo acuerdos ministeriales: el que cedía a Eniminas el polígono correspondiente al área reserva del Estado denominada El Santo II, la que tiene una extensión de 2,088.80 hectáreas, ubicada en Chontales, y la que cedía a Eniminas el polígono Villanueva, de 1,641.22 hectáreas, ubicado en el departamento de Chinandega.
«Los bienes muebles e inmuebles, estudios y derechos sobre esas concesiones mineras pasarán a administración del MEM, quien establecerá las condiciones de su otorgamiento en concesión, así como los tipos de alianzas, asociaciones, sociedades o cualquier forma de participación que pudieran surgir de las mismas».
