Albio Sires, del Partido Demócrata, y Mark Green, del Partido Republicano, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, condenaron el hostigamiento contra líderes religiosos en Nicaragua, así como el arresto arbitrario contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
También rechazaron la judicialización contra sacerdotes y laicos que acompañaron al prelado por 16 días en la Curia Episcopal de Matagalpa, asediados por la Policía al servicio de la dictadura de Ortega.
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«Condenamos el último ataque de Daniel Ortega a la libertad de asociación, religión y conciencia en los términos más enérgicos posibles. No hay excusa para el encarcelamiento arbitrario e ilegal de clérigos católicos. Exigimos que el régimen libere de inmediato al obispo Rolando Álvarez y sus colegas, así como a los casi 200 presos políticos que se encuentran recluidos en condiciones horribles e inhumanas», señalaron los diputados.
Remarcaron que el obispo Álvarez se convirtió en un objetivo del régimen de Ortega únicamente por pronunciarse en favor «de la transparencia electoral y las reformas democráticas, reconociendo que la primera responsabilidad de un gobierno es con su pueblo».
Ortega ha aplastado las voces de disidencia
Por otra parte señalaron que a lo largo de los años, la dictadura Ortega-Murillo junto «a sus cómplices han conspirado para aplastar sistemáticamente las voces de disidencia a toda costa».
Además hicieron hincapié en que la aplanadora de diputados sandinistas han cerrado más de mil organizaciones no gubernamentales, «incluida la organización benéfica de la Madre Teresa, lo que impide que los trabajadores humanitarios brinden servicios críticos para el 30% de los nicaragüenses que viven en la pobreza».
En cuanto a la crisis política, social y económica que vive Nicaragua, Sires y Green enfatizaron que ha provocado el desplazamiento de innumerables nicaragüenses, así como el encarcelamiento o exilio forzado de innumerables opositores políticos al régimen, defensores de los derechos humanos, educadores y cooperantes.
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Ante las violaciones a los derechos humanos por parte del orteguismo, los dos representantes de la Cámara hicieron un llamado a la administración del presidente Joe Biden para que utilice todas las herramientas a su disposición, «incluida la aplicación rápida y contundente de la Ley RENACER, para asegurar la liberación de todos los presos políticos y proteger los derechos humanos en Nicaragua».
La condena por la represión contra la Iglesia católica en Nicaragua se ha generalizado a nivel nacional e internacional. Organizaciones sociales y la comunidad internacional han exigido a Daniel Ortega detener su persecución contra líderes religiosos, sin embargo su régimen sigue sin hacer caso a los cuestionamientos, más bien ha arreciado la represión.