Jóvenes nicaragüenses, que promueven la calidad educativa, anunciaron el lanzamiento de la nueva plataforma de «auditoria social» denominada Observatorio Nicaragüense de la Libertad Académica y la Calidad Educativa. La organización estará dirigida a «difundir datos e información sobre el estado de la autonomía, la calidad y la libertad académica universitaria en Nicaragua».
«Nicaragua fue declarada en emergencia educativa por el amplio movimiento juvenil y estudiantil nicaragüense en 2021 debido a la desaparición completa de la autonomía universitaria en las universidades públicas, la persecución y reiteradas violaciones a los derechos humanos de jóvenes y activistas estudiantiles, así como la cancelación y confiscación de universidades privadas por parte del Estado de Nicaragua», explicaron este 26 de agosto, cuando dieron a conocer la plataforma digital que recogerá estas temáticas.
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En cuanto al mecanismo de la plataforma, aseguran que «los datos son recopilados de forma directa con entrevistas a víctimas naturales y jurídicas, revisión de informes de derechos humanos de organismos internacionales y el monitoreo de campo por parte de activistas estudiantiles de más de 10 organizaciones y colectivos de base con presencia en el territorio».
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Además de revelar datos sobre «las serias afectaciones a la libertad académica y la calidad educativa», el observatorio también brindará acompañamiento a estudiantes, docentes y personal administrativo afectado en la búsqueda de justicia ante la comunidad internacional en conjunto con el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH).
El régimen llevó a cabo una «decapitación» de universidades privadas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, acciones que aumentaron el poder del Consejo Nacional de Universidades que ahora es responsable de aprobar el contenido de los programas académicos y nombrar docentes, rectores y vicerrectores. Las universidades ilegalizadas habían acogido a estudiantes de universidades públicas que fueron expulsados y sus registros académicos cancelados por participar en las protestas en 2018.
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Una gran cantidad de estudiantes se vio afectada con esta decisión. Entre las universidades aniquiladas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Paulo Freire (UPF), que tenían carreras en ciencias jurídicas, ciencias políticas y psicología. Además, la administración orteguista ordenó retirar el 6 % constitucional correspondiente a la Universidad Centroamericana (UCA).
Luego de la confiscación a estas casas de estudios superiores, la Asamblea Nacional aprobó convertir los recintos en «nuevas universidades estatales» en las que en la mayoría solo se realizó una reducción de aranceles.
Ante esto, el observatorio también pretende sacar a la luz «datos y testimonios de violaciones al derecho humano a la educación en Nicaragua y la búsqueda de justicia de las víctimas del Estado».