Organizaciones feministas nacionales e internacionales, en coordinación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), iniciaron una campaña virtual para que las personas presas políticas que están encarceladas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) puedan ver y comunicarse con sus hijos e hijas regularmente cada 15 días.
La iniciativa toma como ejemplo el caso de la presa política y dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Tamara Dávila, quien vive una separación forzosa con su hija de seis años, acción ordenada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La rehén de conciencia pasó más de 14 meses sin tener ningún tipo de contacto con su pequeña desde que fue apresada en su vivienda el doce de junio de 2021. Fue acusada y condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo de la integridad nacional» y «traición a la patria».
Esta misma situación también la viven los presos políticos Miguel Mora, Miguel Mendoza, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Róger Reyes. A todos ellos se les ha negado el derecho de comunicarse por cualquier mecanismo con sus vástagos.
«Todas las presas y presos políticos tienen derecho a ver a sus familiares. Este régimen ha violentado sistemáticamente ese derecho que está planteado en la legislación nicaragüense y esto es especialmente grave en el caso de las niñas y los niños y las personas discapacitadas. Las penas que son injustas no deben extenderse a la familia, no se puede castigar a los niños y a las niñas al castigar al padre o la madre», dijo la opositora Ana Quirós, miembro del Consejo Político de la Unab.
Quirós explicó que, para una niña de cinco años, pasar sin ver a su mamá, a su principal referente por más de un año, es un castigo muy serio. Dijo que es prácticamente el 20 % de su vida que ha sido privada de su madre. Demandó al régimen que regularice las visitas a los familiares de las personas presas políticas y especialmente a los niños.
«Tamara Dávila tiene derecho a ver su hija, Miguel Mendoza tiene derecho a ver su hija, así también todas las personas presas políticas. Las personas que están en el exterior también tienen derecho a comunicarse con ellos y deberían poder hablar por teléfono, recibir cartas, fotos y tener una comunicación cotidiana», afirmó.
Un abogado, en condición de anonimato, explicó a Artículo 66 que las visitas entre los reos de conciencia y sus hijos e hijas debería ser cada 15 días porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que están protegidos en el Código de la Familia. El jurista señaló que la ley establece que los padres, madres, hijos e hijas deben mantener comunicación y que este derecho no se extingue porque los progenitores estén en prisión.
El único mecanismo que ha sido efectivo para que los presos políticos Tamara Dávila y Miguel Mora pudieran ver a sus hijos el pasado sábado, 20 de agosto, fue una huelga de hambre. El régimen cedió y dejó que ambos reos de conciencia pudieran encontrarse con ellos después de 15 meses bajo una separación forzosa.