El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sigue negando a permitir que Alejandra, de ocho años, se comunique con su papá, el preso político y cronista deportivo Miguel Mendoza. La esposa del reo de conciencia, Margin Pozo, ha solicitado en reiteradas ocasiones que dejen a la pequeña ver a su padre en una visita, incluso no dejan que reciba las cartas que le escribe su hija.
«Demandamos que le permitan a Alejandra, ver a su papá Miguel Mendoza. La última vez que lo abrazó fue el pasado 21 de junio de 2021. La incomunicación es tortura psicológica. Es una niña y tiene derechos», escribió Pozo en la página de Facebook del periodista.
En el reciente dibujo de Alejandra a su padre le dice: «¡Sos mi héroe! Necesito verte. ¡Te amo, papi!». El gráfico lo acompaña con dos banderas de Nicaragua, la más grande representa al preso político y la otra de menor tamaño a la pequeña.
«La comunicación entre padre e hija es un derecho y a Alejandra se lo han negado sin causa alguna y sin justificación legal desde hace 14 meses. A través del abogado (defensa técnica de Miguel) se han realizado varias solicitudes para que la niña vea a su papá, pero no dan respuesta y cuando he preguntado de manera verbal, expresan que no está “autorizado”», denunció Margin Pozo en días recientes.
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Durante estos 14 meses, el abogado del preso político ha interpuesto 11 recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y ninguno ha sido contestado. La separación forzosa entre Miguel Mendoza y su hija Alejandra le ha provocado daños en su salud física y emocional a la niña, según manifestó su madre.
«Ha sido una tortura psicológica para ella. Y no es justo que una niña inocente pase por tanto dolor y sufrimiento. Alejandra necesita ver a su padre. Ella expresa: “Mi corazón está triste y enfermo, porque no he visto a mi papi”», afirmó.
Esta misma situación de separación forzosa con sus hijos e hijas también la viven los presos políticos Miguel Mora, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Róger Reyes. A todos ellos se les ha negado el derecho de comunicarse por cualquier mecanismo con sus vástagos.
Un abogado, en condición de anonimato, explicó a Artículo 66 que las visitas entre los reos de conciencia y sus hijos e hijas debería ser cada 15 días porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que están protegidos en el Código de la Familia. El jurista señaló que la ley establece que los padres, madres, hijos e hijas deben mantener comunicación y que este derecho no se extingue porque los progenitores estén en prisión.
El único mecanismo que ha sido efectivo para que los presos políticos Tamara Dávila y Miguel Mora pudieran ver a sus hijos el pasado sábado, 20 de agosto, fue una huelga de hambre. El régimen cedió y dejó que ambos reos de conciencia pudieran encontrarse con ellos después de 15 meses bajo una separación forzosa.
Los familiares de los presos políticos denunciaron que una visita no es suficiente y demandaron a las autoridades que elaboren un calendario de visitas para que los niños, niñas y adolescentes puedan mantener comunicación regular con sus padres y madres dos veces al mes y que se cumplan las leyes que protege los derechos de los menores de edad.