El exembajador de Nicaragua en Costa Rica y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Mauricio Díaz cumple un año de encarcelamiento por el supuesto delito de «conspirar para cometer menoscabo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua».
Díaz era directivo nacional del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Fue capturado por la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, luego que salió del Ministerio Público el nueve de agosto de 2021, donde compareció para ser interrogado por dar opiniones sobre el panorama preelectoral del país.
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El 24 de febrero, el régimen decidió cambiar la medida cautelar del preso político, de 71 años, de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial por su situación de salud. Ese mismo día, también fue enviado bajo arresto domiciliario el preso político Edgard Parrales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones que Díaz «sufre lagunas mentales, tiene desmayos repentinos y tiene manchas en varias partes del cuerpo» a causa del cautiverio y su edad. En el tiempo que estuvo en prisión solo se le autorizó cinco visitas de sus familiares, las que fueron «vigiladas» por efectivos policiales en todo momento.
El Ministerio Público presentó como pruebas para condenar a Díaz varios testimonios de agentes de la Policía, detectives y peritos informáticos y videos donde el preso político brindó entrevistas a medios de comunicación independientes. El judicial también ordenó el decomiso de algunas pertenencias de Díaz, como celular, tres documentos «sobre reformas electorales, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y resolución de la OEA sobre Nicaragua y tres memorias USB», detalla el documento.
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El exdiplomático fue sentenciado a nueve años de cárcel por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», además de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante ese mismo periodo.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene más de 20 adultos mayores presos políticos, entre hombres y mujeres. Todos sometidos en celdas de máxima seguridad y de aislamiento, a la mayoría les niegan el cambio de régimen carcelario a domiciliar, a pesar de su delicado estado de salud.