En la publicación en La Gaceta No. 143, Diario Oficial de este miércoles, tres de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializa el cierre de 200 ONG, incluida la Asociación Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi) y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Juventud (ADENIJU).
El Decreto Legislativo AN No. 8823 sepulta a las organizaciones. El régimen ha cancelado a 1,174 oenegés en menos de cuatro años, en una embestida sin precedentes contra entidades de la sociedad civil.
Al igual que en ocasiones anteriores, el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, argumentó que estas asociaciones y fundaciones han «transgredido e incumplido con sus obligaciones» ante la ley, por lo que «obstaculizan el control y vigilancia» de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
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Supuestamente las ONG son objeto de estas acciones de la dictadura porque han violado la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la Ley 977, Ley contra el lavado de activos.
En esta nueva arremetida contra las fundaciones y asociaciones, la dictadura ordenó el cierre de ONG que trabajaban temas como desarrollo comunitario, empoderamiento económico, culturales, investigación, agropecuarias, juveniles y de la niñez.
Defensores de derechos humanos han condenado estas cancelaciones masivas, las que califican como una arremetida «en contra de quienes opinan diferente».
Los diputados de la Asamblea Nacional ilegalizaron a esa organizaciones el pasado 28 de julio, pero el decreto legislativo entró en vigor este tres de agosto tras su publicación en La Gaceta.
El Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación (Migob) deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas.