El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó este 28 de julio la cancelación de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con lo cual llegan a un total de 200 ilegalizaciones más en una semana. Defensores de derechos humanos condenaron estas cancelaciones como una arremetida «en contra de quienes opinan diferente».
El decreto de cancelación fue introducido por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, considerado por la oposición como el «verdugo» de los organismos. La Asamblea Nacional dominada por el orteguismo canceló la personalidad jurídica de las asociaciones con 75 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones.
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Al igual que en ocasiones anteriores, el diputado sandinista argumentó que estas asociaciones y fundaciones han «transgredido e incumplido con sus obligaciones» ante la ley, por lo que «obstaculizan el control y vigilancia» de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
Entra las organizaciones ilegalizadas este jueves está la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos, Asociación Bloque Común Costeño (BCC), Fundación Reconciliación Juvenil (FRJ), Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible (ADER) y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Juventud (ADENIJU).
Entre las ONG canceladas también destaca la Asociación Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi), que se dedicaba al asesoramiento de los pueblos indígenas rama y a las comunidades afrodescendientes que conforman el Territorio Rama y Kriol en el Caribe del país. La organización ha denunciado en diversas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en los territorios indígenas, y visibilizado las masacres que han ocurrido en esos territorios.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que «la Asamblea Nacional suma hasta la fecha 1,174 organizaciones canceladas. Denunciamos y repudiamos el ensañamiento contra asociaciones de mujeres, asociaciones de indígenas y autonómicas», expresó la organización defensora de derechos humanos.
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«Denunciamos además que esta persecución de cierre (va) en contra de la sociedad nicaragüense que opina diferente. Pretenden establecer un control absoluto y un pensamiento único a nivel nacional y que viola los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, exigimos que cese la represión», añadieron por medio de un video difundido a través de redes sociales.
Solo en lo que va de 2022 Ortega ha ejecutado a más de 900 organismos de la sociedad civil. Las ONG han sido señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.