El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo abrió las puertas de las cárceles del país para enviar a convivencia familiar a 1,300 reos comunes mientras mantiene encarcelados a más de 190 presos políticos. Los rehenes de conciencia son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según han constatado sus familiares que han podido visitarlos en los centros penitenciarios del país.
Los presos políticos detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», padecen hambre por la comida que reciben, su salud se ha deteriorado a causa del encierro, les niegan la atención médica especializada, tienen pocas horas de patio sol, les niegan material de lectura, los que son padres y madres no han podido ver a sus hijos pequeños o que están en el exilio. Además, unos están en celdas en penumbra y otros permanecen con las bujías encendidas 24 horas
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Los familiares de los reos de conciencia denunciaron que el régimen Ortega Murillo ordenó a los carceleros arrancar las etiquetas informativas de los pocos productos que les permiten ingresar en la paquetería. Esta acción de la dictadura es para evitar que los presos políticos tengan acceso a cualquier material escrito.
La dictadura de Nicaragua ordenó el 27 de julio la excarcelación de 1 mil reos comunes, la primera tanda del año, en la víspera del mes de las madres. La segunda se realizó este día con 1 mil 300 enviados a sus viviendas. En 2022 se contabilizan 2 mil 300 prisioneros que pasaron al régimen de convivencia familiar.
Entre el 2014 y el 2021, el Gobierno nicaragüense sacó de prisión a 33,690 prisioneros para un promedio anual de 4,812 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo; si sumamos esas cifras a las de este año, suman 35,990 liberaciones.
Generalmente, el Gobierno de Ortega otorga libertad condicional a los reos comunes en ocasión de Semana Santa, el Día de las Madres, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista, y en las fiestas de Navidad.
La excarcelación de reos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada por organizaciones feministas, como la Red de Mujeres contra la Violencia, bajo el argumento que tras esos beneficios hay un incremento de feminicidios y de la delincuencia en general en Nicaragua.