Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue enviado a juicio oral y público por el supuesto delito de violación a una menor de 14 años y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S. de 12 años.
La audiencia inicial se celebró este jueves, 21 de julio, en los juzgados de Managua y estuvo a cargo de la jueza Segundo Distrito Penal de Adolescente y Especializada en Violencia de Managua, Miroslava Calero.
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La judicial mantuvo la prisión preventiva contra el religioso de 51 años. Por su parte, la Fiscalía aseguró contar con testigos periciales policiales, así como el Instituto de Medicina Legal, que prueba que supuestamente el religioso cometió el delito el tres de diciembre de 2021 y abril de 2022.
La fecha de juicio será establecida por el juez especializado en vinolencia, que asigne la Oficina de Recepción de Causas y Escritos (Ordice) del Complejo Judicial de Managua.
Medios de propaganda retratan a madre de supuesta víctima
Como algo nunca visto en un juicio por violación a una menor, medios de la propaganda gubernamental mostraron el rostro de la madre de la menor así cómo su nombre que corresponde con las iniciales B.R.S.M., quien arremetió contra el prelado.
«Viejo desgraciado te odio, ¿por qué le hiciste eso?, es mi hija; la vas a pagar viejo desgraciado. Jueza le pido como madre, le pido justicia; mi hija está sufriendo y vieras como me siento yo como madre, y le pido a la gente de Boaco que me apoye, por qué lo apoyan a él si es un violador; violó a mi hija, viejo maldito te odio», fueron parte de las declaraciones de la mujer, que se difundieron en medios oficialistas.
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La exhibición de los medios de la propaganda gubernamental se dio violando lo estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que «el Estado respetará el derecho de la niña, el niño y del adolescente a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley».
Acusación contra monseñor Urbina
Según la acusación presentada por el fiscal orteguista Emanuel Álvarez, monseñor Urbina Rodríguez, «en 2016 conoció a la señora (de iniciales T.C.), quien es abuela paterna de la víctima de iniciales M.J.V.S., y debido al grado de confianza entre el cura acusado y la abuela de la niña, aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza a tal punto que la niña lo reconocía como su padrino».
Detalla que en diciembre de 2021, el sacerdote pidió permiso a la señora para ir con la víctima de 12 años a comprar tortillas, por lo que en una camioneta se trasladó «junto a la niña víctima y otro joven se trasladaron a la tortillería ubicada frente a una tienda de conveniencia en el barrio Alcides Miranda, en Boaco».
«Al llegar a la tortillería el cura le dijo al joven que se bajara de la camioneta a comprar las tortillas y luego se regresara a pie, mientras el cura se fue en el vehículo junto con la niña víctima, quien le dijo que se pasara al asiento delantero del copiloto, y después el sacerdote Urbina condujo el vehículo en dirección al kilómetro 89 Carretera Boaco-Managua, en un sector poco transitado y montoso y a la orilla del río, lugar donde estacionó la camioneta y le realizó tocamientos a la niña en los pechos, le besó el cuello y le expresó a la niña que sostuvieran relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó», agrega la querella.
El fiscal mencionó que en abril de este 2022, el sacerdote nuevamente pidió autorización a la abuela de la menor para ir a comprar tortillas, y en la camioneta concretó la violación vía vaginal. Añadió que el cura amenazó a la menor con matarla si contaba el supuesto abuso.
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En cuanto a los testigos en contra del religioso, la Fiscalía cuenta con nueve personas, entre los que destacan a cuatro políticas, dos forenses y los testimonios de la madre y abuela de la menor. Además, presentarán como prueba de cargo el testimonio de la supuesta víctima.
Monseñor Urbina fue detenido por la Policía de Ortega el 13 de julio; con esta nueva detención ya son dos religiosos que la dictadura de Nicaragua le imputa delitos comunes.
El primero fue el padre Manuel Salvador García, párroco en Nandaime, condenado por exposición de personas al peligro y por la supuesta agresión a una mujer, que negó que había sido agredida por el cura, la que luego fue acusada y condenada por falso testimonio.
