Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron en demanda del «cese a la violación reiterada de Derechos humanos y a la Convención contra la Tortura» recordando la ruptura del régimen con el Comité de la Naciones Unidas (ONU), por lo que solicitan mayores acciones de parte de la comunidad internacional para que «Nicaragua rinda cuentas».
«Les recordamos que la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura fue una acción voluntaria del Estado nicaragüense y que, por tanto, debe cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, específicamente las recomendaciones brindadas por el Comité», refiere el comunicado firmado por 10 organizaciones.
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El comité urgió recientemente al régimen Ortega-Murillo que investigue las denuncias de torturas perpetradas por funcionarios estatales contra miembros de la oposición, en especial los participantes en las protestas de abril de 2018. En la segunda revisión periódica de la situación en el país, que se llevó a cabo sin la presencia de responsables del Gobierno por la negativa de éste a participar, el presidente del Comité, Claude Heller, afirmó que Nicaragua «ha violado sistemáticamente los derechos humanos».
Heller recordó que en las protestas de 2018, al menos 355 personas perdieron la vida debido al uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos parapoliciales, otras 1,600 resultaron heridas y 1,614 fueron privadas de la libertad, denunciando en algunos casos torturas en centros estatales y clandestinos.
Otro miembro del organismo de la ONU, Erdogan Iscan, añadió que agentes estatales son sospechosos de haber secuestrado a defensores de derechos humanos y periodistas críticos con el Gobierno de Daniel Ortega.
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Heller urgió a las autoridades de Nicaragua a sancionar a los oficiales responsables de los abusos denunciados, restablecer al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y reanudar el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
En este sentido, las organizaciones, entre las que se encuentra el Cenidh, Organización Mundial Contra la Tortura , IM Defensoras y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, demandan al Estado «césar de inmediato los ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos», así como también derogar el marco legal «que permite criminalizar por su trabajo a organizaciones, periodistas y comunidades sociales, entre otros actores considerados como opositores; e investigar con debida diligencia los actos perpetrados contra pueblos indígenas y afrodescendientes».
