La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que el objetivo de la administración de Daniel Ortega al cancelar más de un millar de oenegés desde el 2018 es para impedir que esas entidades sigan exponiendo «los abusos del gobierno y la incapacidad de las autoridades para brindar servicios básicos al pueblo nicaragüense».
En un comunicado, la entidad defensora de derechos humanos instó a la comunidad internacional, sobre todo a los países de América Latina, a pronunciarse y condenar el «desmantelamiento sistemático de organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan un rol crítico en un país donde no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al Poder Ejecutivo».
Según las iniciativas de cancelación de personalidad jurídica de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) descabezadas por el régimen, las asociaciones supuestamente han violado las leyes de Nicaragua, irrespetan el orden jurídico y «han pretendido pisotear las normas jurídicas que rigen las leyes de este país. Son organizaciones de papel. No existen en la vida de las familias y las comunidades nicaragüenses».
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Hasta el momento, el número de oenegés ilegalizadas por la Asamblea Nacional desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, suma alrededor de 1,070.
Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW, subrayó que «las autoridades nicaragüenses están tan ensañadas en destruir el poco espacio cívico que queda en el país, que han ido tras organizaciones que brindan asistencia indispensable a comunidades de bajos recursos en un país que ha sido gravemente afectado por dos huracanes y una pandemia».
«Los grupos clausurados incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en diversos temas, que van desde la protección infantil y los derechos de las mujeres hasta la mitigación del cambio climático», resaltó.
El organismo de DD. HH. sostuvo que la mayoría de las ONG han sido despojadas de su personalidad jurídica en base a «leyes abusivas» como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, aprobadas por los diputados orteguistas.
El cierre arbitrario de los organismos «forma parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a grupos de la sociedad civil y medios de comunicación independientes a través de una combinación de medidas represivas que incluyen leyes abusivas, intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y persecución penal de defensores de derechos humanos y periodistas», resaltó.
Además, aseguró que desde el 2007, que el dictador Daniel Ortega, asumió el poder «ha desmantelado todas las instituciones que podían poner fiscalizar al Ejecutivo, incluyendo el Poder Judicial».