El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, puso en duda los motivos que orillaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cancelar más de mil asociaciones y fundaciones sin fines de lucro en los últimos meses. El funcionario norteamericano destacó que, en lo que va de 2022, la dictadura ordenó la ilegalización de más de 800 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a través de la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de gobierno.
«Solo en el 2022, el régimen Ortega-Murillo canceló más de 800 ONG y confiscó sus bienes, alegando cargos como terrorismo y “socavar la soberanía nacional”. El régimen le teme a cualquier cosa que ellos crean que amenaza su poder, aún si beneficia al pueblo de Nicaragua», escribió el funcionario de la administración del presidente Joe Biden en su cuenta de la red social Twitter este miércoles, 20 de julio.
Noticia relacionada: Dictadura de Nicaragua se propone eliminar unas 700 ONG más en 2022
Según las iniciativas de cancelación de personalidad jurídica de las ONG descabezadas por el régimen, las asociaciones supuestamente han violado las leyes de Nicaragua, irrespetan el orden jurídico y «han pretendido pisotear las normas jurídicas que rigen las leyes de este país. Son organizaciones de papel. No existen en la vida de las familias y las comunidades nicaragüenses».
El diputado Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha dicho en el plenario que las ONG canceladas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
El sancionado presidente de la Asamblea del régimen, Gustavo Porras, ha señalado que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento «de algo que estaba al garete», debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También anunció que continuarán «con este trabajo de limpieza» bajo el argumento de que no pueden existir más de 6,000 ONG en Nicaragua «que no estén haciendo nada».
Organizaciones de derechos humanos han condenado este golpe de Ortega a las ONG que trabajaban temas como salud, nutrición, educación, vivienda, protección a los derechos de las mujeres, entre otras. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más fijó la cifra de asociaciones y fundaciones canceladas desde diciembre de 2018 a la fecha en 1 mil 74, tanto nacionales como extranjeras. Indican que los procesos para cerrar dichas ONG son «arbitrarios e inconstitucionales».