Organizaciones nicaragüenses e internacionales están alertas ante la embestida del régimen de Daniel Ortega contra ONG, que ha generado la eliminación de más de mil entidades entre nacionales y extranjeras de mediados de 2018 a la fecha. La preocupación crece después de que los mismos diputados de la bancada oficialista aseguraran que la intención es continuar esa dinámica.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, elevó su queja ante esa situación que está llevando a que miles de nacionales queden aún más desamparados por el cierre de Organizaciones No Gubernamentales que trabajaban en áreas como salud, nutrición, educación, vivienda, protección a los derechos de la mujeres, entre otras.
El delegado de la administración de Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter que «el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua dijo que planea cerrar 1,797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto. El régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo».
Los diputados orteguistas aseguran que las ONG «violentan las leyes de Nicaragua, irrespetan el orden jurídico y han pretendido pisotear las normas jurídicas que rigen las leyes de este país. Son organizaciones de papel. No existen en la vida de las familias y las comunidades nicaragüenses».
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Gustavo Porras, el sancionado presidente de la Asamblea, ha señalado que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento «de algo que estaba al garete», debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También anunció que continuarán «con este trabajo de limpieza» bajo el argumento de que no pueden existir más de 6,000 ONG en Nicaragua «que no estén haciendo nada».
Más de mil ONG canceladas
Según el recuente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el régimen Ortega Murillo ha cancelado al menos 1074 organizaciones, acción que ha sido condenada por esa agrupación.
Ayer, 18 de julio, en una sesión relámpago, los parlamentarios del FSLN anularon la personalidad jurídica de 10 organizaciones no gubernamentales por supuestamente incumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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Entre las ONG ilegalizadas están la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua (Expica) y la Asociación Pro-Salud, Educación y Desarrollo social Nuestra Señora de Guadalupe (APSEDES GUADALUPE).
El Colectivo califica esos procesos como «arbitrarios e inconstitucionales. El propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
Asimismo, denuncian que esto pone en evidencia la sistemática represión que enfrenta Nicaragua, el irrespeto a la Constitución y la vulneración del derecho de libertad de asociación y participación politica, afectando aún más el precario desarrollo del país.