La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula más de un millar de asociaciones y fundaciones ilegalizadas en los últimos cuatro años, en el marco de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde 2018.
100 nuevas ONG se suman a la larga lista de organizaciones que los diputados del régimen le cancelaron su personalidad jurídica para operar en el país. En total son 1 mil 58 asociaciones a las que le retiraron el permiso para continuar con sus proyectos y programas en la nación.
«El régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONG, pues teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educativos y otros que el gobierno no proporciona. Esta semana destacamos el impacto en el pueblo nicaragüense», escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter.
En el diario oficial, La Gaceta No. 132 de este lunes, 18 de julio, la dictadura oficializó el cierre de las 100 ONG que los diputados sandinistas cancelaron el pasado 14 de julio. La mayoría de las asociaciones se dedicaban al desarrollo comunitario, protección de los recursos naturales, servicios de salud, promoción cultural y religiosas que operaban en diversos departamentos del país.
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Los diputados sandinistas aseguran que las ONG «violentan las leyes de Nicaragua, irrespetan el orden jurídico y han pretendido pisotear las normas jurídicas que rigen las leyes de este país. Son organizaciones de papel. No existen en la vida de las familias y las comunidades nicaragüenses».
El diputado Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha dicho en el plenario que las ONG canceladas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
Gustavo Porras, el sancionado presidente de la Asamblea, ha señalado que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento «de algo que estaba al garete», debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También anunció que continuarán «con este trabajo de limpieza» bajo el argumento de que no pueden existir más de 6,000 ONG en Nicaragua «que no estén haciendo nada».