El juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este lunes retirar de las redes sociales y plataformas de internet unas noticias falsas que vinculan al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a mafias de presidiarios.
Según decidió el magistrado, “hay una nítida percepción de que las mentiras divulgadas intentan, de una forma fraudulenta, inducir al electorado a creer que uno de los candidatos y su partido tienen vínculos con el crimen organizado”.
De Moraes asumirá en agosto la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) y dirigirá ese organismo durante las elecciones de octubre próximo, para las que Lula se presenta como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), frente al actual presidente, Jair Bolsonaro, quien aspira a la reelección.
El juez, en respuesta a una demanda del PT, concluyó que existe una “insensata diseminación de contenido falso” con “una tamaña magnitud que puede comprometer la limpieza del proceso electoral” y “herir valores, principios y garantías constitucionales”.
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En las últimas semanas, portales de internet vinculados a la ultraderecha que respaldan a Bolsonaro han publicado numerosos textos que acusan a Lula de mantener vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), una mafia nacida en las cárceles y cuyos tentáculos se han extendido por varios países de América Latina.
Esos textos han sido ampliamente difundidos por activistas de la ultraderecha y hasta por algunos parlamentarios, entre los cuales el juez De Moraes citó explícitamente al senador Flavio Bolsonaro, uno de los tres hijos del mandatario que actúa en política.
El juez De Moraes es también responsable en el Supremo de un proceso instaurado en 2020 y centrado en unas redes de difusión de noticias falsas, que entre los investigados tiene al propio presidente Bolsonaro y a tres de sus hijos: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos.
Según coinciden los sondeos de cara a las elecciones del próximo octubre, Lula lidera todas las preferencias del electorado con cerca del 45 % de las intenciones de voto, frente al 30 % que obtendría el actual mandatario.
