El nombre de Carlos Rafael Espinoza Castillo saltó a la palestra pública a mediados de 2018, se volvía un «pulpo» con más de una docena de casos contra los presos políticos. En su haber está el caso del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora. Este viernes, 15 de julio, Espinoza es uno de los 23 funcionarios del Poder Judicial de Nicaragua que fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Estados Unidos asegura que el fiscal sandinista «socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el periodo previo a las elecciones nacionales».
Espinoza Castillo es originario de Chontales. Fue fiscal en Jinotega y llegó a Managua por ser un funcionario de «confianza» de la fiscal general de la República, la sancionada Ana Julia Guido, ex subdirectora de la Policía Nacional, según reveló un exfuncionario del Ministerio Público a Artículo 66.
El cuatro de febrero, Espinoza Castillo fue el encargado de acusar al propietario de 100% Noticias por violar la Ley 1055, Ley de Soberanía e imputarle «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», un delito inventado para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Al finalizar el juicio, el fiscal solicitó la pena máxima de 15 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, cinco días después Mora fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
La Fiscalía ofreció como pruebas cinco publicaciones del perfil de Twitter de Mora, usó de «testigos» a cuatro policías, los mismos que realizaron el allanamiento ilegal a la vivienda.
En su haber están los casos políticos contra los opositores de Matagalpa María Esperanza Sánchez y Víctor Manuel Soza; Jeisi Junieth Lagos; José Iván González; los presos políticos de Nindirí Denis Antonio García y Bernardo José Ramos; Néstor Eduardo Montealto; José Daniel Pérez.
También acusó por diversos delitos a los monimboseños Hader González y Cristian David Meneses; Sergio Beteta; y al opositor y exconcejal sandinista de Masaya Benjamín Gutiérrez Collado conocido como «Tikay».
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Espinoza Castillo fue el fiscal en el caso del preso político Benjamín Gutiérrez Collado, un reconocido opositor del régimen que fue funcionario sandinista. Fue señalado de los supuestos delitos de «tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas». También lo acusaron de «portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio del Estado de Nicaragua.
El fiscal también fue el acusador de los autoconvocados de Matagalpa Víctor Soza y María Esperanza Sánchez, ambos fueron declarados culpables por el delito de tráfico de estupefacientes. Espinoza Castillo solicitó la pena máxima de ese delito, de 15 años, y la máxima de 800 días multa.
El mismo fiscal llevó el proceso penal contra los presos políticos Bernardo José Ramos Galo y el veterinario Denis Antonio García Jirón. Los opositores fueron declarados culpables por el delito de «fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos en perjuicio del Estado de Nicaragua». Su abogado defensor, Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo demostró que Galo y García tenían tres días de estar privados de libertad cuando ocurrieron los hechos por los que fueron acusados.
Espinoza Castillo también acusó al joven Sergio José Beteta Carrillo, originario de Managua, por ondear una bandera de Nicaragua en las cercanías de la Universidad Centroamericana (UCA). El fiscal logró que el Juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio, Melvin Leopoldo Vargas, otro de los sancionados este día, condenara a Beteta a cinco años y nueve, más 300 días multas por los supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Pero eso no acabó ahí, el fiscal orteguista Carlos Rafael Espinoza Castillo apeló la sentencia para pedir la pena máxima. La sentencia también la recurrió el abogado de Beteta, el doctora Julio Montenegro. El abogado consideró que el régimen de Daniel Ortega pretendía exigir la pena máxima para ensañarse en contra del opositor.
A Espinoza Castillo solo le puede adjudicar un caso de relevancia que se hizo público y logró un fallo de culpabilidad que favorecía a la víctima, fue por el asesinato de Rachel Rostrán, una adolescente de 15 años muerta a golpes y jugando «el ahorcado» con Walter Darbelles, el novio de la víctima y dos amigas más. El juicio se extendió por más de dos años, se reprogramó en 27 ocasiones y en otras tres se interrumpió ante la ausencia de los miembros del Tribunal de Jurado.
Espinoza Castillo es el encargado de «fabricar las pruebas» en los casos de los presos políticos que le asignan, es parte de un grupo de fiscales destinados especialmente para acusar a los reos de conciencia que se oponen a la dictadura de Daniel Ortega.