La tarde de este 13 de julio, la Policía presentó al párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, Monseñor Leonardo Urbina, a quien acusaron por los supuestos delitos de «violación y lesiones psicológicas» a una niña de 12 años. El religioso fue presentado con traje azul, rodeado de policías armados y exhibido por los medios de propaganda de la dictadura..
«Debido al grado de confianza que había entre el acusado y la abuela de la víctima, el acusado aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza, a tal punto que la víctima lo consideraba y reconocía como su padrino», dijo Enmanuel Álvarez, fiscal del Ministerio Público durante la audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada y solo con la presencia de medios de comunicación oficialistas.
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La Fiscalía señala que el hecho fue cometido en tres ocasiones. La abogada suplente Sandra Dinarte, resolvió que «la acusación reúne los requisitos formales. Es clara, presenta ideas articuladas, es precisa. A través de engaños y la confianza que tenía con la familia aprovechó la situación, por tanto, se admite la acusación».

Con esta nueva detención ya suman dos sacerdotes detenidos en Nicaragua. El primero fue el padre Manuel Salvador García, párroco en Nandaime, condenado por exposición de personas al peligro y por la supuesta agresión a una mujer, que en el juicio dijo que no había sido agredida por el padre, luego fue acusada por falso testimonio.
Durante la segunda farsa judicial, la jueza Ana Xóchitl Fonseca del Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de Granada, condenó a dos años y ocho meses de cárcel al sacerdote Manuel García, por los delitos de lesiones físicas y psicológicas en perjuicio de Martha Candelaria Rivas.
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Un vecino de la parroquia reveló a Confidencial que patrullas de la policía han permanecido vigilando y rondando cerca de la parroquia de Monseñor Urbina, durante el transcurso del día. La audiencia inicial está programada para el 21 de julio.
Durante las últimas semanas se ha visto un aumento en la represión contra la iglesia católica del país, cerrando canales de televisión, organizaciones sin fines de lucro y ahora implementando la cárcel para los líderes religiosos que han sido defensores de las víctimas de Ortega desde 2018.