Oposición venezolana repudia expulsión de Misioneras de la Caridad por parte de Ortega

El opositor venezolano Julio Borges repudió este jueves la expulsión de las Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta de Nicaragua, cuya asociación fue disuelta por el Gobierno de Daniel Ortega.

«Repudiamos que el régimen de Daniel Ortega expulse de Nicaragua a misioneras de la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Su trabajo en ese país era en beneficio de los más vulnerables, sirviendo a Dios y a la iglesia», dijo el antichavista en un mensaje en su cuenta en Twitter.

La disolución de las Misioneras de la Caridad, junto a otras 100 ONG en Nicaragua, fue aprobada con carácter urgente y sin debate el miércoles, 29 de junio, en el Parlamento.

Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer Gobierno de Ortega (1985-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.

Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, las Misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley que los regula y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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A juicio de Borges, esta decisión reafirma la «vocación totalitaria» de Ortega, cuyo Gobierno comparó con el de Nicolás Maduro.

«Esto solo viene a reafirmar la vocación totalitaria del dictador Ortega, que al igual que Maduro, quiere controlar y secuestrar toda la sociedad», dijo.

El exparlamentario instó a la comunidad internacional a acordar acciones para «revertir este ataque sistemático contra el pueblo de Nicaragua».

En Nicaragua, con el voto de los sandinistas, se han ilegalizado 858 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de más de 6.000 existentes.

Estas medidas son promovidas por el Gobierno desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.