El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la arquidiócesis de Managua, lamentó que decenas de personas que viven en extrema pobreza en Nicaragua no podrán ser beneficiados por la a Asociación de las Hermanas Misioneras de la Caridad, luego que la dictadura de Ortega la ilegalizara junto a otras 100 organizaciones no gubernamentales.
«Lamentamos profundamente el dolor de tantos hermanos nuestros que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas y así mismo les expresamos nuestra gratitud por su invaluable servicio a nuestras iglesias locales», detalla una nota de prensa con fecha de este cuatro de julio, publicada desde la Arquidiócesis de Managua.
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A su vez, Brenes afirmó que las Hermanas de la Caridad cuentan con «nuestra cercanía, solidaridad y nuestras humildes oraciones. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5.8)».
Las declaraciones de la Iglesia católica de Nicaragua llegan el mismo día que la Asamblea Nacional oficializara en La Gaceta, diario oficial, la ilegalización de las Hermanas Misioneras de la Caridad y otras 100 oenegés.
A través del decreto 8811, la aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional publicó la lista de las 101 ONG canceladas, en las que están asociaciones de médicos, de productores, religiosas, entre otras.
En el artículo dos del decreto publicado se señala que los bienes y acciones que pertenezcan a las acciones o fundaciones, tendrán el destino previsto en la «Ley de la materia».
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Hasta la fecha, Ortega ha «descabezado» a 864 ONG, una cacería que inició desde el 2018 tras las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el objetivo de la dictadura es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, «perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
La ilegalización de las organizaciones no gubernamentales, incluyendo otras 100 el pasado 30 de junio, se basó en los mismos argumentos, al acusarlas de supuestamente incumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
