La Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) rechazaron la toma policial de las cinco alcaldías que eran administradas por CxL. Catalogaron la acción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como «ilegítima, ilícita e ilegal».
El asalto policial se perpetró entre el sábado, dos de julio, y este lunes, cuatro de julio, según denunció el partido ilegalizado y pobladores de los municipios de Murra, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, El Cuá y El Almendro.
«Todo el actuar del régimen ORMU (Ortega-Murillo) es el reflejo de temor a cualquier ciudadano o instancias que no piensa como ellos y ahora el temor no solo es de la oposición sino de sus estructuras internas. ¡Que ironía! Hablan de paz y son los que están en violencia», dijo a Artículo 66 Daysi George West, vocera de la Alianza Cívica.
Kitty Monterrey, presidenta nacional de CxL, afirmó que la ocupación policial de los locales y la destitución ilegal de los alcaldes electos bajo la bandera del partido «es un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal».
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«Los alcaldes y concejales electos legítimamente en 2017 en la casilla de Ciudadanos por la Libertad no son funcionarios de un partido, son autoridades municipales electas por sus ciudadanos y así lo han demostrado durante su gestión», subrayó.
Por su parte, Ana Quirós, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), aseguró que la acción del partido de Gobierno es una violación más al derecho de elegir y ser electo. Añadió que el argumento que CxL no tiene personalidad jurídica «pareciera fuera de tiempo y de lugar, tomando en cuenta que la personalidad jurídica no la tienen desde el año pasado; sin embargo es ahora, a las puertas de una nueva farsa electoral es donde deciden barrer con todas las alcaldías».
Irrespeto a la ciudadanía e institucionalidad
Monterrey explicó que las banderas del partido de Gobierno ahora son izadas en estas alcaldías «en un acto más de irrespeto a la ciudadanía y a la institucionalidad. Con estos actos el régimen está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral y ni siquiera de guardar las apariencias de legalidad en las próximas votaciones municipales».
«No hay ninguna voluntad de parte del régimen de ceder ni un milímetro a fuerzas de oposición. Por lo tanto, la toma de las Alcaldías es ilegal, ilícita e ilegítima; es francamente repudiable y muestra una vez el carácter dictatorial de este régimen y su poca voluntad de respetar la Constitución, las leyes y la democracia», destacó Quirós.
George manifestó que las alcaldías eran administradas por CxL porque el pueblo prefirió y escogió a su alcalde y que debe ser respetado porque el pueblo es el soberano.
«Lo que es respeto no lo saben (los sandinistas). Otro acto más que revela la violencia y represión es lo único que les queda. El pueblo no los quiere y sabe que si existiesen condiciones para unas elecciones donde se respete al voto los nicaragüenses decidirán por otros que no sea el régimen», advirtió.
La presidenta de CxL indicó que, para que Nicaragua salga de la profunda crisis que la azota, es urgente «restituir el respeto a la voluntad popular mediante elecciones libres», derecho que no dejarán de demandar a la dictadura Ortega-Murillo.
Quirós, miembro de la Unab, dijo que es indispensable que se preserve la seguridad y la integridad de las personas que trabajan en esas alcaldías, sobre todo su libertad. «No hay ninguna razón para que estas personas sean perseguidas ni para que pierdan su libertad, nos preocupa seriamente la situación de quienes trabajan en esas alcaldías, protegidas por la legislación», argumentó.
