El proceso judicial contra el sacerdote de Nandaime, Manuel Salvador García, habría tomado otro rumbo, luego que la mujer que lo acusó de presunta agresión decidió retractarse.
El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, conocida como El Calvario, fue condenado a dos años de prisión y 200 días por el supuesto delito de amenazas con arma contra cinco personas, luego que el cura saliera al atrio de la iglesia con machete en mano cuando personas desconocidas acechaban la parroquia.
Mientras tanto, la causa por el supuesto delito de violencia, y por la cual fue arrestado, continúa abierta. Martha Candelaria Rivas Hernández, la ciudadana que renunció a denunciar al sacerdote por presunta agresión, fue encarcelada por el régimen, que ahora la acusa por «falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Nicaragua».
En las últimas tres semanas se reportaron 31 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en el país, informó la red Monitoreo Azul y Blanco.
De acuerdo con el informe, entre el 30 de mayo y el 19 de junio, se registró el hostigamiento contra un sacerdote de Granada, el despido injustificado de siete docentes por razones políticas, la amenaza de la policía a trabajadores de la construcción en León, el maltrato a presos políticos, así como el cierre de más oenegés, el allanamiento de otro medio de comunicación y la nacionalización de prófugos de la justicia hondureña, entre otras denuncias.
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Este 23 de junio que se celebra el Día del Padre, Nelson Lorío, papá del bebé Teyler Lorío Navarrete, asesinado durante la represión gubernamental de 2018, manifestó que «hace cuatro años le arrebataron a su niño de sus brazos», y hoy se encuentra «sin ánimos de nada más que llorar».
También rechazó los indicios de diálogo con el régimen de Ortega, en alusión a los grandes empresarios.
Este día, por su parte, la hija de ocho años del cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza le dedicó una carta a su papá, a quien no ve desde hace un año por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La niña Alejandra Mendoza lamentó no poder abrazarlo y relató que lloró al recordar la última vez que él le dijo que la «amaba con todo su corazón», antes de ser detenido por la Policía.
La periodista Verónica Chávez, esposa del exaspirante presidencial y reo político Miguel Mora, también deploró que «Miguelito» Mora Chávez, joven de 21 años con discapacidad, no pueda estar con su padre.
Nicaragua comprará un nuevo lote de buses y trigo a Rusia, cuando la economía del gobierno de Vladimir Putin sufre las sanciones por su invasión militar a Ucrania.
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Iván Acosta, tras regresar del Foro Económico de San Petersburgo. El funcionario detalló que, como parte de la renovación de un convenio de cooperación entre ambos países, «hay 300 autobuses que están finiquitando con los bancos y las navieras para traerlos al puerto de Corinto».
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En el caso del trigo, Acosta afirmó que el programa consiste en la compra de 120 mil a 130 mil toneladas del grano cada año. Según reportes, los nicaragüenses han pagado por más de mil buses adquiridos a través de Rusia desde que Daniel Ortega tomó el poder en 2007, cuyas flotas se desgastaron rápidamente ocasionando, incluso, la muerte de un niño que cayó por un agujero.
El Consejo de Ancianos de la Moskitia solicitó al Banco Mundial ampliar las consultas sobre el proyecto Bio- CLIMA a las comunidades indígenas nicaragüenses que serían afectadas por el mismo.
El millonario proyecto, aprobado en 2020, consiste en reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de la biósfera Bosawás y Río San Juan con el apoyo del Fondo Verde del Clima y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); sin embargo, diversas organizaciones y habitantes han denunciado la falta de información sobre la iniciativa y advierten de una posible degradación del medioambiente, así como la incursión de colonos en la zona.
Los indígenas pidieron al banco incluir a representantes independientes en las consultas y debates y ofrecer varias opciones de resolución de conflicto de propiedad, no solo el arrendamiento. A su vez, señalaron que el gobierno debe mostrar buena voluntad, permitiendo que las comunidades elijan a sus autoridades sin interferencias políticas.