La ciudadana Martha Candelaria Rivas Hernández, fue detenida este miércoles por la Policía y acusada por el Ministerio Público por el supuesto delito de “falso testimino”, después que la mujer se retractara de la acusación que hizo ante los medios oficialistas en contra del sacerdote Manuel García Rodríguez, párroco de Nandaime, de supuesta agresión.
En un primer momento Rivas Hernández declaró ante los medios que el sacerdote de Nandaime la golpeó con un candado después de una discusión que sostuvieron la noche del 30 de mayo en la Iglesia Jesús de Nazareno, la cual es presidida por el religioso. Sin embargo, días después la mujer se retractó y dijo que todo se trató de un “accidente”, razón por la que no firmó la denuncia.
Este miércoles La Prensa dio a conocer que en una audiencia preliminar este miércoles la jueza orteguista María José Zapata Morales la envió a prisión preventiva. El Acta de Audiencia Preliminar detalla que la mujer está siendo acusada por el delito de “falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Nicaragua” en el Juzgado Segundo Local Penal de Granada.
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De acuerdo a los reportes periodísticos, durante la audiencia preliminar Rivas Hernández declaró que no cuenta con los recursos económicos para contratar a un abogado privado, por lo que las autoridades le asignaron a un defensor público. La audiencia inicial está programada para el próximo 27 de junio.
Sacerdote sigue detenido
Aunque la supuesta víctima decidió no continuar con la acusación contra el sacerdote, la jueza orteguista María Graciela Monterrey Vélez, del Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia de Granada, mantiene en prisión preventiva al cura.
«Yo me opuse a poner denuncia, ya que yo no me siento agredida, fue accidental y por eso no firmé denuncia alguna», expresó Martha Rivas durante la audiencia.
El sacerdote está siendo acusado por el supuesto delito de violencia física y psicológica. Hasta ahora no ha habido una comunicación oficial por parte de la Diócesis de Granada ni de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
La oposición nicaragüense ha condenado lo que considera una campaña de difamación del Ejecutivo y de los sandinistas en contra de la iglesia Católica, y han recordado la persecución que los religiosos sufrieron durante el primer régimen sandinista (1979-1990) donde un obispo fue desterrado, un sacerdote desnudado, otros diez expulsados y uno acusado de “contrarrevolucionario”.
La dictadura de Ortega ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018, y actualmente mantiene una persecución contra los religiosos.
