La presa política y exprimera dama de Nicaragua, María Fernanda Flores, cumple este martes 21 de junio, un año de estar privada de libertad. La rehén de la dictadura forma parte del grupo de nueve opositores que permanecen bajo el régimen carcelario de detención domiciliaria bajo máximas restricciones.
La también exdiputada liberal está restringida a llamadas telefónicas, del servicio de televisión por cable y tiene vigilancia hasta para ir al baño, reveló una fuente en condición de anonimato a Artículo 66.
En cuanto a la atención médica, el régimen de Ortega prohibió que sean llevados a una clínica privada o que un médico los atienda en sus viviendas. La única opción «si quieren» es ir a «El Nuevo Chipote» para ser atendidos por un doctor general.
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La justicia orteguista declaró culpable a la rea de conciencia de supuestamente conspirar «para cometer menoscabo a la integridad nacional» y en febrero de 2022 fue condenada por el juez Noveno de Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Luden Quiroz García, a ocho años de prisión sin derecho a optar a cargos públicos.

María Fernanda Flores, esposa de Arnoldo Alemán, fue detenida arbitrariamente previo a los comicios generales de 2021, en el mismo contexto en el que fueron arrestados más de 40 líderes de la oposición. En noviembre del año pasado, tras la embestida de la dictadura contra sus adversarios, Daniel Ortega se erigió nuevamente como presidente de la República de Nicaragua.
La rehén de la dictadura fue puesta bajo arresto domiciliar desde el 21 de junio de 2021. Fue electa diputada bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en las elecciones generales de 2016, asumió su escaño en 2017 y cuatro años más tarde fue desaforada por sus mismos correligionarios en conjunto con los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen 190 opositores encarcelaos por razones políticas y juzgados con leyes aprobadas meses antes de las elecciones presidenciales y tildadas de represivas por opositores y organismos de derechos humanos. Todos han sido víctimas de torturas, de acuerdo con denuncias de sus familiares.