La Unión Democrática Renovadora (Unamos) demandó la liberación de sus integrantes que están presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», una cárcel donde los presos políticos reciben torturas, según denuncia de sus familiares.
El 13 de junio de 2021, hace un año, el régimen sandinista emprendió una cacería contra sus antiguos «compañeros» y ordenó la detención de la comandante guerrillera Dora María Téllez; la expresidenta de Unamos, Ana Margarita Vijil; el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Hugo Tinoco; el general en retiro Hugo Torres Jiménez; y la presidenta de Unamos, Suyen Barahona. Torres falleció mientras estaba como preso político de la dictadura.
La dictadura ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que abriera procesos penales contra los seis dirigentes opositores y los envió a juicio político donde los declaró culpables por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional».
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A Tinoco lo condenaron a 13 años de cárcel; Ana Margarita Vijil fue sentenciada a 10 años de prisión y Tamara Dávila, Dora María Téllez y Suyen Barahona, a 8 años cada una.
«Hoy cumplen un año en detención ilegal nuestras amigas y amigos, líderes de nuestro partido y luchadores incansables por la libertad y los derechos humanos de todos los nicaragüenses… están pagando con su libertad y su salud su compromiso con la democracia y el progreso para todos y todas. Nuestro vicepresidente, Hugo Torres, lo pagó con su vida», señaló la organización política en un comunicado.
Unamos asegura que sus integrantes en prisión «siguen firmes y dignas sin que su confianza en una Nicaragua democrática, justa y solidaria se haya debilitado».
Sin ver a sus hijos
Los opositores están presos desde hace un año y a las que son madres o padres no les permiten tener ningún tipo de contacto con sus hijos e hijas menores de edad, como es el caso de Suyen Barahona y Tamara Dávila.
«Las mantienen encerradas en solitario, sus hijos menores preguntan por sus madres y no pueden entender su ausencia, ¿hay acaso un dolor más grande para una madre? Y sin embargo, no dudan, no odian, no temen, ni han dejado de soñar. Representan una clase totalmente nueva de liderazgo político, una que no trafica con sus principios aún en las más terribles condiciones, y por eso renuevan nuestra convicción en un futuro libre y democrático para nuestro país», explica.
«Nosotros, sus compañeras y compañeros de Unamos nos sentimos profundamente orgullosos y en esta fecha les enviamos todo nuestro cariño y admiración. Ellas y ellos trascienden los límites de un partido, son de Nicaragua», añade.
Las detenciones
La mañana del 13 de junio de 2021, la Policía sancionada allanó de manera arbitraria la vivienda de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la arrestó junto a Ana Margarita Vijil. Unas tres horas antes del allanamiento, al menos dos patrullas policiales y motorizados rodearon la vivienda de la excombatiente, mientras un dron sobrevolaba la propiedad.
Horas más tarde fue detenida la presidenta de Unamos, Suyen Barahona, en su vivienda en Managua. «Estas acciones contra la dirigencia de Unamos son parte de la escalada represiva del orteguismo, contra toda la oposición democrática», denunció la directiva de ese grupo político.
Alrededor de las 9:00 de la noche, Víctor Hugo Tinoco fue secuestrado por civiles que se movilizaban en una camioneta Hilux, en las inmediaciones de Galerías Santo Domingo, municipio de Managua. Horas antes, a eso de las seis de la tarde, su familia alertó que una patrulla policial lo mantenía retenido, pero lo dejó ir; sin embargo, los operadores del régimen llevaron a efecto su intención tiempo después.
Unas horas después también fue detenido Hugo Torres Jiménez, quien falleció tras 244 días de detención y del que no se tiene ninguna versión oficial de su deceso. Organismos internacionales, políticos y de derechos humanos, han demandado una investigación exhaustiva para conocer las condiciones de su muerte.
A los dirigentes de Unamos, ahora presos políticos, se le acusó de violar la Ley 1055 por supuestamente «socavar la soberanía de Nicaragua» y por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares», informó la Policía en diversas notas de prensa. Al igual que al resto de opositores que han sido encarcelados bajo la llamada «Ley de Soberanía».