La Policía del régimen esclareció el femicidio de Brenda del Carmen Hernández Escoto, de 50 años. Su cónyuge y femicida, Gabriel Antonio Guadamuz Orozco, de 37 años, alias «El Colombiano» la estranguló y enterró en el patio del Bar «San Diego», propiedad de la víctima. El suceso ocurrió en el barrio El Coyolar, de la ciudad de León.
Según la Policía, Carlos José Hernández Escoto, hermano de la víctima, denunció la desaparición de Brenda Hernández Escoto el miércoles, ocho de junio, después de siete días de no saber de su paradero. Días antes a la desaparición, según las investigaciones policiales, la mujer había discutido con Guadamuz por «discordias de pareja».
Las pesquisas arrojaron que el primero de junio a las 3:30 p.m. Brenda llegó a su negocio y encontró a su pareja en compañía de una mujer de nombre Allison Gabriela Carvajal. Esa situación habría provocado una discusión entre Hernández y Guadamuz. El hombre la golpeó y estranguló hasta matarla.
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Después de ver el cuerpo sin vida de Brenda, el femicida y la mujer que estaba con él en el negocio de su pareja envolvieron el cuerpo en sábanas, lo cubrieron con cinta adhesiva, cavaron un hueco en el patio, enterraron el cuerpo de la mujer y luego trataron de sellar su crimen con cemento.
Allison Gabriela Carvajal fue detenida por la Policía, mientras que el femicida Gabriel Antonio Guadamuz Orozco se dio a la fuga y fue circulado para su búsqueda y captura para que responda por el crimen de Brenda.
El cuerpo de Brenda fue encontrado por los investigadores policiales el pasado viernes, 10 de junio, enterrado en el patio del negocio. Una forense de León determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
Del primero de enero al 31 de mayo de 2022, el observatorio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado 27 crímenes de mujeres y niñas nicaragüenses. El crimen contra Brenda sería el número 28.
Además, contabiliza 60 femicidios en grado de frustración, lo que significa que las víctimas pudieron salvar sus vidas. La organización aseguró que en Nicaragua la inseguridad ciudadana está en aumento debido a que la dictadura de Daniel Ortega sigue liberando a presos comunes, a los que se les conceden muchos beneficios, pero siguen delinquiendo.
