Los familiares de 70 “presos políticos” de Nicaragua pidieron este martes al Gobierno del presidente Daniel Ortega y a las “fuerzas vivas” del país celebrar un nuevo diálogo nacional, que lleve a la libertad de los convictos y al “bienestar común” de la nación.
Los familiares solicitaron “a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a la Iglesia para que, mediante un encuentro constructivo, se forjen las bases necesarias para el bienestar común”, en un pronunciamiento en el que dijeron esperar “como agua de mayo” la libertad de sus seres queridos.
Desde abril de 2018 Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que actualmente tiene más de 180 “presos políticos” en diferentes cárceles del país, algunos bajo arresto domiciliar.
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Nicaragua ya experimentó dos diálogos nacionales para intentar salir de la crisis en 2018 y 2019, con la intermediación o testificación de la Iglesia Católica, de la Nunciatura Apostólica y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero ambos fracasaron cuando la oposición acusó al Gobierno de Ortega de incumplir con los compromisos previos a las firmas.
Organismos como la CIDH y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) han documentado supuestos casos de “tortura”, “represalias” o “malos tratos” hacia los “presos políticos”, así como “agresiones sexuales” contra los familiares que los visitan, especialmente mujeres.
En el pronunciamiento, leído por Lesbia Alfaro Silva, madre del líder juvenil Lesther Alemán, los demandantes afirmaron que albergan “la esperanza de su liberación definitiva, y anhelamos sobre todo la excarcelación de los hermanos y hermanas que permanecen tras las rejas, logrando así un reencuentro pleno en el seno familiar”.
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Insistieron en que la suya “no es una petición desatinada. El gobierno ya ha dado muestras de buena voluntad”, al sacar de los calabozos para dar arresto domiciliar a 11 de los detenidos, incluyendo a los exdiplomáticos Francisco Aguirre Sacasa, Víctor Hugo Tinoco, Edgard Parrales, Arturo Cruz, Mauricio Díaz, y los exdiputados José Pallais y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
“Como nicaragüenses, deseamos promover un entorno social y político favorable que conlleve beneficios a nuestros agricultores, desde el más pequeño productor hasta el más fuerte, y de esta manera también poder abastecer de forma asequible a nuestra población”, explicaron los familiares.
Desde abril de 2018, la CIDH, la OEA, y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH) han emitido resoluciones para que el Gobierno de Nicaragua libere de forma definitiva a los “presos políticos”, pero las mismas, que no son vinculantes, tampoco han tenido éxito.
En el último año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha ordenado la liberación de 30 “presos políticos” nicaragüenses, incluyendo los que tienen arresto domiciliario, pero hasta ahora el Gobierno de Ortega ha ignorado los mandatos.
