Mediante su informe anual correspondiente a 2021, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) denunció la situación de falta de garantías en Nicaragua e incumplimiento de la Constitución Política de Nicaragua. El organismo destacó el «atento seguimiento» sobre el país centroamericano en el contexto de crisis social, política y la «falta de autonomía universitaria» en el país.
Según el documento elaborado en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las entidades están «especialmente preocupados» por Nicaragua debido al cierre de universidades privadas en el país, pues consideran que el régimen busca «justamente promocionar y lavar la imagen del gobierno en los contextos estudiantiles».
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Resaltan que la «Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) está actuando como un brazo político del régimen en 30 recintos universitarios del país. Esto ha permitido que cuadros que son parte del régimen sean los que tengan mayor presencia en los cuerpos colegiados de toma de decisiones, como también en la asignación de recursos a lo interno de las casas universitarias».
La Relatoría ha registrado «7 docentes expulsados y a 1 docente se le forzó a entregar su renuncia por expresar sus opiniones contrarias al régimen. De estas cifras 5 de los 7 profesores expulsados pertenecen a la UNAN de León. Adicionalmente, se ha registrado un recorte de al menos un 6 % del personal docente en algunas universidades públicas (como la UCA), lo cual se puede atribuir a la falta de presupuesto asignado como también a que las personas no quieren ser perseguidas por el Estado. Incluso esto ha llevado a que algunas carreras cierren y solo se tenga hasta máximo 1 profesor de planta por carrera».
El régimen llevó a cabo una «decapitación» universidades privadas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, acciones que aumentaron el poder del Consejo Nacional de Universidades que ahora es responsable de aprobar el contenido de los programas académicos y nombrar docentes, rectores y vicerrectores. Las universidades ilegalizadas habían acogido a estudiantes de universidades públicas que fueron expulsados y sus registros académicos cancelados por participar en las protestas en 2018.
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Una gran cantidad de estudiantes se vio afectada con esta decisión. Entre las universidades aniquiladas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Paulo Freire, que tenían carreras en ciencias jurídicas, ciencias políticas y psicología. Además, la administración orteguista ordenó retirar el 6 % constitucional correspondiente a la Universidad Centroamericana (UCA).
Luego de la confiscación a estas casas de estudios superiores, la Asamblea Nacional aprobó crear «nuevas universidades estatales» prometiéndole a los estudiantes educación gratuita, pero los jóvenes continuaron pagando aunque con una mínima reducción de aranceles.
