Defensoras condenan el cierre de 57 ONG en Nicaragua que trabajan por los derechos de las mujeres

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) señaló que la persecución contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua no cesa. El jueves. dos de junio, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídicas a otros 96 organismos más.

En un comunicado, la entidad feminista destacó que de las más de 400 oenegés ilegalizadas por el orteguismo desde 2018, 57 asociaciones corresponden a organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres nicaragüenses.

«La Asamblea Nacional de Nicaragua llevó a cabo una nueva cancelación masiva de personerías jurídicas de organizaciones, tan solo dos días después de la última, afectando ahora a 96 organizaciones, entre ellas otras 9 organizaciones feministas», señaló.

Noticia relacionada: Dictadura de Ortega lleva 440 organizaciones sociales cerradas en Nicaragua

Las oenegés que trabajan por los derechos de las mujeres ilegalizadas en esta nueva arremetida del régimen son:  Fundación de la Mujer Nicaragüense (FUNIC- Mujer), Fundación María Cavalleri (FMC), Asociación de mujeres Jóvenes luchadoras (JOLU), Asociación de Ayuda a Mujeres emprendedoras de escasos recursos (AMER), Asociación de Mujeres Adolescentes y Jóvenes caribeñas (ADMAJ), Asociación Intergeneracional por la paz y la vida (ASINGPAVI), Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca y la Asociación Intercomunitaria para Desarrollo Estratégico de Península de Cosigüina (AIDEPC).

IM-Defensoras indicó que la cancelación de las ONG se ha apoyado «en procedimientos arbitrarios» por parte del Parlamento y el Ministerio de Gobernación (Migob), controlados por la dictadura de Ortega, las cuales «han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma». 

Denunció que tras la ilegalización de las entidades, aparte de desmantelar las oficinas y requisar los bienes de estas, el régimen de Ortega criminaliza, hostiga y ataca a sus integrantes.

La cancelación de la personalidad jurídica a las organizaciones feministas tiene un «grave impacto» sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, «dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales».

«Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses», se lee en el comunicado.

IM-Defensoras hizo un «llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones y alzar la voz para denunciar esta nueva arbitrariedad contra las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres en Nicaragua».