La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la reciente ola de ataques y amenazas por parte del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica de Nicaragua. Demandan a la dictadura poner fin a la represión contra el pueblo.
Además, el organismo rechazó la acción represiva de la administración de Ortega-Murillo, que a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) –ente regulador de las comunicaciones en el país— ordenó eliminar de la grilla de programación de televisión por cable la señal del Canal Católico, medio de comunicación oficial de la iglesia católica de Nicaragua.
En un comunicado, la CIDH reveló que «si bien la eliminación del canal fue anunciada públicamente por una de las principales empresas de telecomunicaciones (Claro Nicaragua) del país el pasado 20 de mayo, se habría notificado al menos a otras cuatro grandes operadoras de cable y a un número indeterminado de operadoras locales por lo que, conforme a la regulación vigente, se vieron forzadas a eliminar el mencionado canal».
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La reciente embestida por parte de la dictadura orteguista se dio luego de las denuncias de persecución y acoso contra líderes religiosos, las que arrecieron en la tercera semana de mayo. Además, hubo «miedo y hermetismo en las operadoras de cable para dar información adicional sobre la situación», señaló la entidad regional.
«Asimismo, estos hechos ocurren en un contexto de persecución, acoso, hostigamiento, asedio policial y declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y agentes policiales en contra de integrantes de la iglesia católica», añade.
Recientemente la Policía ha iniciado una ola de asedio contra sacerdotes católicos, entre ellos está el padre Harving Padilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, el Padre Uriel Vallejos, párroco en Sébaco, Matagalpa, y desde el jueves, 19 de mayo, monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Convención Americana, «la orden de excluir al Canal Católico de la grilla de programación podría constituir una limitación arbitraria a la difusión de religión y creencias y, considerando el contexto actual, podría representar además una represalia contra la iglesia por su rol de mediador y acompañante de las víctimas de la crisis de derechos humanos», señaló el organismo.
LA CIDH le exigió a la administración de Ortega-Murillo cesar los constantes ataques contra la Iglesia Católica e instaron a la pareja presidencial «a abstenerse de utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida indirecta para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones».
Además, demandó al régimen orteguista «reestablecer el permiso de transmisión del Canal Católico y garantizar de esta forma la diversidad y pluralidad de voces».
