La periodista y aspirante a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios, cumplió este dos de junio un año de estar bajo «arresto domiciliar», luego de desafiar a Daniel Ortega en unas elecciones generales transparentes en 2021.
A Chamorro la justicia al servicio de la dictadura la acusó por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y la condenó a ocho años de prisión sin derecho a participar en cargos públicos.
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El proceso judicial fue a puertas cerradas bajo acusaciones falsas, entre otras arbitrariedades denunciadas por organismos de derechos humanos. La hija de Violeta Barrios, la expresidenta que derrotó a Ortega en 1990, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales y se convirtió en la primera precandidata en ser encarcelada a las puertas de los comicios.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) manifestó este día que Chamorro Barrios es inocente y, a un año de su aislamiento, «no han podido destruirla». El organismo demandó su libertad inmediata.
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) condenó la reciente detención arbitraria en contra del padre Manuel Salvador García, luego que el religioso se viera involucrado en un altercado con sandinistas de ese municipio.
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Los opositores expresaron su «profunda preocupación» ante la escalada y sistemática represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica y sus líderes, que forma parte de «la naturaleza represiva y violenta», demostrada durante en el primer gobierno sandinista en los años ochenta.
A su vez, hicieron un llamado a las representaciones diplomáticas pontificias en la región para que denuncien la situación ante los estados y organismos multilaterales en los cuales tienen presencia.
Este mismo día, el juez local de los Juzgados de Nandaime, en el departamento de Granada, Jaime Aguilar Ney, dictó prisión preventiva contra el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, también conocida como El Calvario, informó la oficialista Radio Ya.
De acuerdo con la emisora propagandista, el religioso estaría siendo acusado por la Fiscalía por supuestas «lesiones graves», en perjuicio de Martha Candelaria Rivas, quien ya interpuso la formal denuncia ante la Policía orteguista.
El medio radial detalló que el caso podría ser remitido a los Juzgados de Violencia de Granada, «sin que se conozca de momento la fecha exacta para la audiencia inicial».
Los diputados sandinistas cancelaron la personalidad jurídica de 96 organizaciones no gubernamentales, la mayor cantidad de asociaciones cerradas en una sola sesión. El nuevo despojo fue aprobado con 75 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones, bajo el argumento de no haber cumplido con sus obligaciones y no haberse registrado como «agentes extranjeros».
Entre las ilegalizadas está el Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo; y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) que aclaró que continuará operando normalmente porque ahora es regulado por el Ministerio de Fomento.
Desde la crisis de 2018, el régimen ha cerrado más de 400 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), afectando a gran parte de la población más desfavorecida.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) demandará «acciones de mayor contundencia» contra el régimen de Daniel Ortega a los líderes de la región que participarán en la Novena Cumbre de las Américas.
La organización opositora comunicó que varios integrantes asistirán al foro que se realizará la próxima semana en Estados Unidos, donde pedirán la acción de la comunidad internacional para lograr la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de la represión en Nicaragua.
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Este dos de junio se cumplen cuatro años de los asesinatos de Geovanny Miguel Reyes, de 28 años, de Tipitapa, y Junior Gaitán, un adolescente de 15 años, originario de Masaya, ambas víctimas de la represión gubernamental de 2018 que dejó un saldo de más de 300 fallecidos.
La Asociación Madres de Abril (AMA) recordó a los jóvenes mediante publicaciones que relatan los últimos momentos de vida de Reyes, un padre de familia que recibió disparos por «paramilitares encapuchados a bordo de una camioneta Hilux»; y de Gaitán, un adolescente de Monimbó a quien llamaban «Pollito», ejecutado a sangre fría mientras suplicaba por su vida. Los casos siguen impunes y las familias continúan demandando justicia.
